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Opinión

No hay milagros

| Ibiza |

El contraste de la desigualdad se hacía especialmente visible esta semana cuando en la isla del lujo se desalojaba un asentamiento ilegal con más de 300 personas por orden judicial. Es evidente que por condiciones de salubridad e higiene, no es admisible que en Ibiza proliferen campamentos chabolistas. Pero no se puede dar la espalda a un auténtico desajuste del mercado: trabajadores con nómina y salario que no pueden (y no quieren) costearse ni una habitación en un piso compartido. Los partidos políticos ofrecen dispares soluciones sin efecto en el corto plazo (unas más sensatas que otras, todo hay que decirlo), aunque nadie se atreve a asumir públicamente una verdad palmaria: nuestra generación nunca va a ver una reducción del precio de la vivienda. Mientras escasee la oferta y la demanda se multiplique, la presión demográfica seguirá impulsando la escalada de precios. Pero es más fácil gritar a los cuatro vientos que una limitación de precios que no ha funcionado en ningún territorio va a ser la solución milagrosa del problema. Es una salida retórica fácil a ocho años de inacción en materia de políticas de vivienda por parte del Gobierno de España. La solución autonómica del tándem Prohens-Costa está bien tirada, aunque no tendrá efectos a medio plazo. Agilizar las nuevas promociones en urbano, apostar por plurifamiliares en áreas de transición, reservar un porcentaje de esas nuevas promociones a residentes promoviendo nuevas desaladoras para cubrir la demanda de agua, incentivar fiscalmente a jóvenes a la hora de adquirir su primera vivienda o dar garantías jurídicas a arrendadores que tienen okupas o jetas morosos es el camino, aunque la meta sigue lejos. Estas actuaciones mitigarán la tensión en el mercado residencial y es lo máximo a lo que podemos aspirar.

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