Esta semana el Gobierno ha visto caer el decreto que imponía una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y suma ya 33 derrotas legislativas. La estabilidad parlamentaria en la magullada España de Sánchez es una entelequia. Sin haber aprobado presupuestos generales en toda la legislatura y funcionando a golpe de decretos que no se convalidan, Sánchez parchea la democracia e improvisa para sobrevivir, no sin antes hacer lo contrario de lo que una vez prometió o las concesiones que sean necesarias por mucho que desgasten y debiliten las instituciones del Estado.
«Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno sin rumbo». «España no puede estar bloqueada por un Gobierno incapaz de acordar». «La prórroga presupuestaria demuestra la soledad del Gobierno». «Rajoy debe someterse al Parlamento y buscar apoyos o convocar elecciones». Esto era lo que predicaba orgulloso e incisivo el narciso monclovita al que los electores ya preparan un desahucio inminente.
Con una errática política de vivienda que en ocho años tan sólo ha fracturado la sociedad, Sánchez no ha conseguido salvar ni las prórrogas de contratos firmados hace un lustro ni el decreto que eternizaba sine die el lanzamiento de un inquilino moroso. La izquierda ha impuesto un marco mental enfrentando a propietarios e inquilinos con el objetivo de capitalizar el voto de los segundos. Ello no sólo no ha aliviado la tensión en el mercado de la vivienda, sino que la ha agravado con éxito para sus espurios intereses electorales, promoviendo una inseguridad jurídica cuya consecuencia es la retirada de viviendas del mercado o el encarecimiento de precios. Son los últimos coletazos de una banda que ha rentabilizado un funesto paso por las instituciones, que el Tribunal Supremo acaba de empezar a enjuiciar.