El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, pide repatriar a los más de 70 menores argelinos tutelados por la institución en Ibiza. Durante años se ha repetido el mantra de que las devoluciones eran imposibles, que los menores no acompañados constituían una realidad irreversible y que las administraciones debían resignarse a absorber una presión creciente sobre unos servicios públicos ya saturados. Pero de pronto se produce la repatriación de cinco menores argelinos tutelados en Ibiza y descubrimos que existían mecanismos legales y diplomáticos para hacerlo. ¡Qué sorpresa! El engaño del Gobierno de España ha quedado al descubierto a ojos de todos.
Muchos de estos menores que están bajo la responsabilidad del Consell d’Eivissa y a quienes hay que mantener mucho más allá de su mayoría de edad, hasta que se emancipen, no están abandonados ni desamparados. Mantienen contacto permanente con sus familias en Argelia. No hablamos siempre de niños perdidos en mitad de una guerra civil, cuyos padres perdieron la vida y quedaron huérfanos, sin familiares conocidos ni posibilidades de prosperar. Hablamos, en numerosos casos, de una inmigración organizada y alentada por mafias que saben perfectamente cómo explotar las flaquezas jurídicas y las debilidades emocionales de España.
Mientras tanto, Ibiza y Formentera soportan una presión migratoria desproporcionada. Más de 1.500 inmigrantes llegados este año a las costas de Baleares y más de 700 menores extranjeros tutelados en el archipiélago. Cifras enormes e inasumibles para unas islas con recursos limitados, graves problemas de vivienda y unos servicios públicos al límite.
Pero desde Madrid la respuesta sigue siendo la misma: propaganda, buenismo y moralina de madre superiora, como la que ayer nos endilgó Francina Armengol desde Montmeló. La política migratoria de la izquierda se resume hoy en tres pilares muy simples: puertas abiertas, regularizaciones masivas y wokismo a espuertas. Quien ose cuestionarlo es inmediatamente señalado como racista, xenófobo, reaccionario o insolidario. Aunque lo único que haga sea describir la realidad cotidiana que viven los vecinos de Ibiza, Lampedusa, Canarias o Marsella.
Lo verdaderamente irresponsable es convertir Europa en un territorio donde entrar ilegalmente apenas tiene consecuencias. Porque el efecto llamada existe, aunque el progresismo oficial de PSOE, Podemos y Sumar lleve años negándolo. La caótica regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez agrava el problema, pero les da igual, porque están en el «lado correcto de la historia».
Y mientras tanto, ¿quién asume el coste? El Govern, los consells, los ayuntamientos, los servicios sociales, las fuerzas de seguridad y, en última instancia, la ciudadanía. Pero en contra del discurso de la izquierda, la gente está harta de una situación de absoluto descontrol para la que, por lo visto, no hay más solución que seguir recibiendo gente y destinar cada vez más recursos públicos a la inmigración descontrolada.
La sociedad europea empieza a estar cansada. Lo vemos elecciones tras elecciones. Las encuestas lo indican con claridad hace tiempo, pero la izquierda persiste en su buenismo y en tildar a todo el mundo de racista. Los ciudadanos están cansados de gobiernos incapaces de proteger las fronteras. Cansados de discursos moralizantes pronunciados desde despachos de Madrid o Bruselas mientras nuestra tierra sufre una superpoblación que amenaza nuestro modo de vida y nuestro bienestar.
La inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades reales del país puede ser positiva siempre que se haya integración, cosa que no siempre sucede. La inmigración ilegal masiva y tolerada deliberadamente, no. Y cuanto más tiempo se tarde en admitirlo, peor será el problema.