Durante años nos dijeron que todo era lawfare. Que si un juez investigaba a un dirigente de izquierdas era porque existía una oscura "derecha judicial". Que la Justicia estaba contaminada y que las togas conspiraban contra el Gobierno. El problema de los relatos es que funcionan hasta que supuran los hechos.
Hoy el entorno político y familiar de Pedro Sánchez parece un dominó. El fiscal general del Estado, condenado e inhabilitado; su ministro más poderoso, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; su número dos en el PSOE, Santos Cerdán, detenido y a punto de ser condenado; Zapatero, imputado por múltiples delitos; su hermano condenado por prevaricación como cooperador necesario; y la investigación sobre Begoña Gómez sigue estrechando el cerco judicial.
La izquierda española, en lugar de exigir responsabilidades, transparencia y condenar la corrupción, activa el equipo de opinión sincronizada. Tertulianos, portavoces y activistas mediáticos repiten al unísono que el problema no son los condenados ni los investigados, sino los jueces. Eso es lo que les llevará a una larga travesía por la oposición por mucho que bramen que, sin ellos, la democracia está en peligro.
Una parte de la izquierda trata a sus propios votantes como indigentes intelectuales, pensando que van a tragar con el relato del lawfare mientras se lo llevan calentito. El cuento de la "derecha judicial" pudo servir mientras había un caso aislado. Hoy, todo el entorno del nº1 está condenado o está siendo investigado. Los que venían a regenerar nos han sumido en la mayor podredumbre.
El catastrofismo de «que viene la ultraderecha» tampoco va a funcionar. Sánchez agoniza, por
mucho que se maquille huele a muerto