Baleares y, en especial, las Pitiusas están sufriendo desde hace muchísimo tiempo una oleada de pateras que no está siendo reconocida por el Gobierno central ni por la Delegación del Gobierno de las Islas, así como tampoco por parte de la dirección insular de la Administración General del Estado. Lejos de reconocer esta ruta y buscar soluciones en los países emisores de estos migrantes, el Gobierno central se limita a dar dos millones a Baleares (sólo el Consell de Formentera destinó nueve millones a atender ‘menas’) y a habilitar nuevos espacios en los puertos para acoger migrantes recién llegados. Esto son sólo parches para un problema de tal envergadura.
El litoral necesita mayor vigilancia y que se cumpla la normativa
El litoral de las Islas sufre una presión por mar y tierra que requiere de un mayor control y sanción contra todo aquel que incumpla la normativa de navegación. Por eso, con la legalización del ‘Airbnb náutico’ por parte del Gobierno para que los propietarios de embarcaciones de uso privado puedan alquilarlas tres meses al año requiere más recursos para controlar esta nueva actividad. El Govern, consciente de la masificación que sufren las zonas costeras, ya estudia medidas para tratar de parar esta decisión.