Ayer se celebró el pleno del Consell Insular correspondiente al mes de julio. A propuesta de Sa Unió y transaccionada con el equipo de gobierno, se aprobó de forma unánime instar al Gobierno central que «promueva acuerdos internacionales» para controlar el movimiento de personas contagiadas por coronavirus, antes de que salgan de sus países de origen y que un sistema permita acreditar que el viajero no está contaminado.
La presidenta Alejandra Ferrer manifiesta que «es un problema de una enorme complejidad, por eso pedimos que se consensúe y continúe trabajando en el ámbito europeo para poder encontrar soluciones que permitan el equilibrio de la seguridad sanitaria y la reactivación económica y turística».
Gestión económica
También se insta al gobierno central a que respete y garantice la autonomía de las entidades locales para gestionar sus propios recursos económicos, al tiempo que pide que el Estado permita que las administraciones locales «puedan hacer uso de sus superávit y remanentes para impulsar actuaciones necesarias para superar la crisis causada por el Coronavirus», según destacó el conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell.
Otra propuesta de Sa Unió fue rechazada con los votos en contra de Gent Per Formentera y PSOE. La coalición de la oposición pedía que las pruebas PCR del virus pudieran realizarse y evaluarse en el Hospital de Formentera, para poder agilizar el resultado. Según Llorenç Córdoba, líder de la oposición, «pronto llegará la época de resfriados y gripes y en muchos casos los síntomas son parecidos a los del coronavirus, lo que hace necesario tener resultados rápidos para saber como actuar».
El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez indicó que «desde esta semana los resultados se elaboran en Can Misses, lo que hace que en menos de 24 horas se conozcan éstos», con lo que justificó el voto en contra del equipo de gobierno a la propuesta.
Otra de las propuestas aprobadas ha sido la ampliación del entorno de protección del molí Vell de la Mola. Para poder continuar con el expediente de incoación con el que poder decretar el mítico molino como Bien de Interés Cultural y siguiendo las recomendaciones del Institut d'Estudis Eivissencs, se implementan nuevas protecciones «más innovadoras y que se adaptan más al terreno» según la consellera de patrimonio Raquel Guasch.