El nuevo reglamento de la Ley de Costas aprobado en el mes de agosto por el Gobierno «ordena todo lo que había quedado deslavazado» con la ley impulsada por el Gobierno del Partido Popular en 2013 «y recupera los deslindes de Formentera del año 1997, que son plenamente garantistas». De esta forma justificó ayer la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el nuevo reglamento de Costas aprobado por decreto por el equipo de Gobierno en les mes de agosto de 2022 y que fue recurrido tanto por el Consell d'Eivissa como por el de Formentera.
«Lo peor para los ciudadanos de Formentera fue la modificación de la Ley de Costas del año 2013 y el reglamento de 2014, que fueron anulados por el Tribunal Constitucional por ser inconstitucionales», explicó la ministra, «y eso generó una incertidumbre y una inseguridad muy importantes», insistió.
Usos estacionales
Ribera manifestó a su vez que «la inmensa mayoría de las edificaciones que había en ese deslinde», en referencia al de 2013, «quedan cubiertas por la Ley de Costas original, por lo que no tienen ningún problema y puede haber usos estacionales de temporada, que tenemos que ver en detalle si son plenamente compatibles con la legislación vigente o hay que regular alguna situación», algo en lo que aseguró que se está trabajando «con el Consell y los afectados».
Hay que recordar que el Consell de Ibiza ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Reglamento General de Costas. El presidente de la máxima institución ibicenca, Vicent Marí, consideró «una injusticia» este nuevo reglamento, que «no tiene en cuenta los derechos de propietarios y explotadores de los negocios que existen a lo largo de toda la costa ibicenca». Tildó a su vez el efecto de este reglamento de «usurpación», dado que la norma no indemniza a los propietarios que se verán afectados por ella.
Protección
Subrayó que es necesario compaginar la protección del dominio público, el entorno y el medio ambiente, pero hacerlo posible «con un desarrollo de la actividad económica que también ayuda a preservar el entorno en cuanto a limpieza y ofrece servicios a las personas que disfrutan de la costa».
Señaló a su vez que el reglamento no tiene en cuenta las peculiaridades de Ibiza, «está hecho desde Madrid por motivos ideológicos, pero no tiene presente la realidad de esta isla».
También el Consell de Formentera optó por presentar un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión unilateral del Gobierno. En este caso la decisión se adoptó por unanimidad por el pleno de la institución y en la propuesta se instaba al Gobierno del Estado a modificar la redacción del Reglamento General de Costas vigente después de la aprobación del Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, eliminando los cambios producidos que pueden aumentar la arbitrariedad en los deslindes y en los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público de forma que se atiendan las alegaciones que se efectuaron en el proceso de participación pública abierto en noviembre de 2021.
Asimismo, se instaba al Gobierno a suspender cualquier trámite que comporte medidas restrictivas de derechos en aplicación de las novedades reglamentarias operadas después de la reforma del Reglamento.
El apunte
El Govern balear gestionará Costas a partir del 1 de julio
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha calificado de «muy importante para Baleares» la transferencia de las competencias en materia de Costas a las Comunidad Autónoma, que ya empezará a gestionar el Ejecutivo autonómico el próximo 1 de julio.
«Llevábamos muchos años reclamando esta competencia», manifestó Armengol, «será la más importante después de la de Sanidad».
La presidenta del Govern insistió en que el acuerdo ya está totalmente cerrado con el Gobierno central, y adelantó que ya se había creado una comisión bilateral «para ver cómo están todos los expedientes e ir actualizándolos».. Asimismo, avanzó que aún está por decidir qué parte gestionará el Govern y cuál los consells y los ayuntamientos.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que «con los kilómetros lineales de costa que tiene Baleares, la importancia que tiene una gestión muy próxima al territorio hace particularmente recomendable este traspaso».