La dimisión de la jefa de gabinete de Llorenç Córdoba en el Consell de Formentera, Ana Mateos, ha dejado al todavía presidente en una situación de aislamiento más acusada si cabe. Mateos explicó ayer por la mañana en un escrito dirigido a los miembros del Gobierno formenterés que deja el cargo por «la situación a la que se ha llegado en estos momentos, por principios democráticos, éticos y morales». Además, añadió que considera que no está desarrollando su trabajo como debería y que «la política es una cosa muy diferente al sinsentido» que se vive en el Consell desde que, a finales del pasado mes de noviembre, se abriera la crisis entre Córdoba y Sa Unió. Unas palabras que han caído como un jarro de agua fría en el entorno de Llorenç Córdoba, quien ha declinado pronunciarse porque la dimisión de Mateos no será efectiva hasta este jueves.
Reticencias iniciales
Mateos fue contratada por el propio Córdoba en calidad de cargo de confianza poco después de comenzar la legislatura. Su contratación fue recibida con ciertas reticencias y algunos interpretaron que obedecía al enfrentamiento soterrado que ya mantenía con el entonces vicepresidente tercero del Consell y presidente del PP formenterés, José Alcaraz. Otras fuentes, por el contrario, afirman que fue el propio Alcaraz el que propuso a Córdoba el nombre de Ana Mateos para dirigir el gabinete del presidente insular. Sea como sea, la realidad es que su dimisión echa más leña al fuego abierto por el propio Córdoba cuando en noviembre del año pasado hizo público el comunicado en el que anunciaba que barajaba dejar de apoyar de forma incondicional al Govern de Marga Prohens.
El portavoz de Sa Unió y conseller insular de Educación, Óscar Portas, afirmó ayer Periódico de Ibiza y Formentera que la dimisión de Mateos agrava aún más la situación de Córdoba en el Consell. «Él no va a dimitir, cada día lo repite», recordó Portas, «los consellers no podemos trabajar con él. Hay funcionarios que tampoco [hay siete funcionarios de Litoral que han pedido cambiar de departamento]. Y ahora renuncia su jefa de gabinete. Es un sinsentido y un capítulo más de esta vergüenza política. Este señor demuestra cada día que no tiene nada de responsabilidad».
Portas auguró que, de seguir así las cosas, Llorenç Córdoba «acabará aún más solo». Y, ante esta situación, el portavoz de Sa Unió explicó que «el siguiente paso será ver qué opina la oposición y si quieren volver a sentarse para solucionar el problema que este señor ha creado y que solo va a mayores».
La postura del PP balear
El PP balear, por su parte, ha señalado este miércoles que ha de ser Sa Unió la que resuelva la grave crisis que atraviesa la institución insular. Fuentes de la formación consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera, indicaron ayer al respecto que «Sa Unió es una coalición con autonomía» y que los populares están «en contacto» tanto con sus integrantes como con el propio Llorenç Córdoba «en la medida de lo que es necesario y fruto de su condición de diputado en el Parlament». «Existe», según añadieron, «relación institucional con él como presidente del Consell de Formentera». Para el PP balear, finalmente, la solución a la crisis y el retorno a la «estabilidad» en el Consell «pasa por lo que decida Sa Unió, que tendrá nuestro apoyo».
Explicaciones en el Parlament
La situación de Llorenç Córdona en el Parlament también está en entredicho. Expulsado de Sa Unió, Córdoba está dentro del Grupo Mixto pero sin representar a ninguna formación. En este caso, es el PSIB el que exige explicaciones y con este objetivo ha presentado un escrito ante la Mesa del Parlament, que ha sido aprobado por unanimidad, para que el diputado formenterés «aclare su situación con respecto a Sa Unió». Y es que los socialistas cuestionan ahora si Córdoba debe o no seguir recibiendo la asignación económica que el Parlament entrega a los grupos. Algo que Sa Unió ya ha denunciado en numerosas ocasiones desde que comenzó la crisis y, sobre todo, tras expulsar a Córdoba de la coalición. Desde el comienzo de la legislatura, Llorenç Córdoba percibe algo más de 2.700 euros mensuales como subvenciones que, en principio, deberían ir a parar a Sa Unió, según el acuerdo alcanzado entre él y la coalición. Sin embargo, este dinero nunca ha llegado a Sa Unió y Córdoba se escuda en que se trata de fondos que entrega la Cámara autonómica para el funcionamiento de los grupos parlamentarios.