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Córdoba señala que dos informes jurídicos «desaconsejan» adjudicar los quioscos de playa a la propuesta de la Mesa

Señala que, en el caso de que no se consiguiera aprobar la propuesta del presidente y conseller de Litoral por el voto contrario de los consellers de Sa Unió, la situación quedaría bloqueada

Córdoba acusa a la Mesa de Contratación de los quioscos de playa por la falta de propuesta.

| Formentera | |

El presidente del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha destacado este domingo en un comunicado que no podría haber adjudicado los lotes de quioscos hasta el pasado lunes al no contar «con una propuesta de la Mesa de Contratación». «Así lo confirmaron en la pasada Junta de Gobierno el Secretario y el Interventor de la institución, pese a lo que han querido hacer entender algunos medios de comunicación y los tres grupos políticos del Consell», ha explicado el presidente del Consell de Formentera. Ha señalado que si hubiera decidido adjudicar previamente los lotes mejor valorados lo habría hecho sin ninguna propuesta firme de la Mesa de Contratación, «lo que hubiera sido un problema porque, posteriormente, se ha demostrado que al menos uno de ellos no cumplía con los requisitos y hay como mínimo tres más que presuntamente tampoco cumplen con lo requerido por los pliegos de condiciones".

También ha indicado que las informaciones que están saliendo estos días en los medios de comunicación sobre la adjudicación de una escuela de vela "plantean todavía más dudas sobre los procesos de adjudicación de lotes", ya que el pliego de condiciones es el mismo para todos los lotes de servicios de playa. "La misma Mesa de Contratación ha reconocido, en sus propias actas, que no ha hecho el trabajo que tenía que hacer desde 2022. Además, también corrobora que hasta el pasado lunes la Junta de Gobierno no tenía una propuesta de dicha mesa", ha destacado.

Irregularidades

Esta situación, según el presidente, pone en evidencia que "cuando yo hablo de inseguridad jurídica estoy hablando de estas incongruencias e irregularidades del proceso. Si la Junta hubiera adjudicado cuando nos presionaban desde los diferentes grupos políticos, determinados medios de comunicación y personas de dentro de la casa para adjudicar, e incluso cuando la asociación de nuevos adjudicatarios nos amenazó con medidas penales, hubiéramos incurrido en una irregularidad, porque la mesa de contratación no nos había hecho una propuesta y tampoco los técnicos habían calificado los documentos entregados, recordemos, en 2022. Habríamos tomado la decisión sin ninguna seguridad jurídica ni técnica".

Córdoba ha recordado que ahora mismo hay un informe interno de los servicios jurídicos del Consell y uno externo que desaconsejan adjudicar a la propuesta presentada por la mesa. "Hay que dejar claro que la Mesa emite una valoración técnica, no jurídica. No hay conflicto de interpretaciones. No hay ningún informe jurídico interno ni externo que apoye la decisión de adjudicar a los mejor puntuados", ha destacado. El proceso habitual, ha indicado, es que la Mesa emita una propuesta técnica a la Junta de Gobierno y ésta decida si respalda o se separa de esta propuesta. "En caso de no respaldarla, la Junta debe tener una motivación que sea por interés general, condiciones que se dan en este caso al haber informes jurídicos que recomiendan no adjudicar. El más importante recomienda que el concurso quede desierto y que se convoque otro de urgencia", ha apuntado.

Ha señalado que el interés general viene dado porque, de esta manera, se pueda continuar el proceso sin tener que pagar indemnización alguna. "En el caso de que no se consiguiera aprobar la propuesta del presidente y conseller de Litoral por el voto contrario de los consellers de Sa Unió, la situación quedaría bloqueada, teniendo que prolongar las autorizaciones temporales a los quioscos que han venido dando el servicio estos últimos años a la espera de un nuevo concurso", ha señalado.

"Respecto a las acusaciones de prevaricación vertidas sobre Llorenç Córdoba por parte de Sa Unió, y teniendo en cuenta que prevaricar es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, se me plantea la duda de que sea Sa Unió la que podría incurrir presuntamente en prevaricación, teniendo en cuenta que su postura no está respaldada por ningún informe ni criterio jurídico», ha concluido.

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