La gobernabilidad del Consell de Formentera está ahora mismo en el aire tras la decisión de siete de los ocho consellers de Sa Unió de renunciar a todos sus cargos como miembros del equipo de Gobierno que aún preside Llorenç Córdoba. Así lo ha señalado el exnotario de la isla, Javier González Granado, que hoy presta sus servicios en Ibiza y que, además, forma parte de la Comisión del Código Ético de la máxima institución de Formentera. González Granado tiene claro que todos los miembros de la Corporación insular, incluida la oposición, son responsables de lo que está sucediendo. Pero, en su opinión, la salida más sencilla a esta grave crisis pasa porque sea Córdoba quien deje sus cargos.
«Sinceramente», ha señalado en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, «veo más fácil la salida de Llorenç Córdoba. Sin prejuzgar si realmente habría razones legales para que se vaya, lo cierto es que sería la decisión de una sola persona, mientras que, en el resto de casos, son varias las que deberían decidir».
González Granado tiene claro que «no se puede esperar a la convocatoria de otras elecciones». Y es que este proceso tiene una larga duración, dado que han de intervenir tanto el Govern balear como el Gobierno central, que debe aprobar esta convocatoria.
González Granado, además, considera que ahora mismo tanto Córdoba como Sa Unió y los partidos de la oposición, GxF y PSOE, tienen responsabilidad en la grave crisis en la que se encuentra sumido el Consell. Córdoba fue quien comenzó esta situación cuando, a finales de noviembre de 2023, amenazó con retirar su apoyo al Govern de Marga Prohens. Sa Unió, por su parte, tampoco ha gestionado correctamente la crisis, probablemente porque el mismo Govern necesita el apoyo de Córdoba en el Parlament. Y, en el caso de la oposición, muchos recriminan a GxF y PSOE no haber accedido a apoyar la moción de censura que pretendía presentar Sa Unió contra Córdoba.
«Independientemente de las razones objetivas sobre la responsabilidad última de la situación», explica González Granado, «cualquiera de las tres partes tiene una vía para la solución. Tanto el presidente como los dos grupos. Pero la solución más fácil sería la salida de Córdoba».
Informe
«Aquí hay responsabilidad a tres bandas», añade, «la de Córdoba, la de los consellers que se van pero no se van porque no renuncian al acta y la de la oposición. Si los consellers de Sa Unió dejaran sus actas, podrían entrar otros miembros de la lista. En cuanto a la oposición, al principio, en los dos primeros meses de la crisis, era más legítimo el mantenerse al margen, pero ahora esta situación sí está afectando a la gobernabilidad del Consell».
Como miembro de la Comisión del Código Ético, González Granado, por otro lado, admite que a día de hoy no ha sido convocada, a pesar de que el Pleno insular aprobó por unanimidad en marzo llevar la crisis a este órgano. La comisión ha de analizar la situación y emitir un informe al respecto, aunque este carece de carácter vinculante. Este ente, recuerda el exnotario de Formentera, «no puede intervenir» por iniciativa propia en la crisis que atraviesa la institución, por lo que sus miembros siguen a la espera de que sea convocado formalmente para poder valorar lo sucedido. «Nosotros resolvemos desde el punto de vista de la ética», puntualiza González Granado, «no prejuzgamos cuestiones legales. Es verdad que, al final, todo pasa siempre por la ética pero, como comisión, no entramos a valorar si se han cometido infracciones».
Poner en manos de la Comisión del Código Ético la crisis fue una propuesta del PSOE aprobada por unanimidad por el Pleno insular. El socialista Rafa Ramírez explica que si aún no se ha convocado es, por un lado, por el bloqueo en el que se encuentra la institución debido a la crisis. José Alcaraz fue el primer presidente de esta comisión pero, tras ser cesado por Córdoba, fue este el que asumió esta función. Sin embargo, Córdoba tampoco puede convocar la comisión porque es parte interesada en el conflicto, con lo que, según explica Ramírez, se acordó que fuera la portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, quien presidiera la comisión. Un nombramiento que aún no se ha hecho efectivo.
«No sabemos qué pasará con la comisión», lamenta Ramírez, «pero es que ni siquiera sabemos si habrá pleno en junio».