El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, defenderá en el próximo pleno de la institución, que debería celebrarse la próxima semana, una propuesta para forzar a Sa Unió a designar los consellers que han de formar parte de la Junta de Gobierno y las vicepresidencias de la institución. De este modo, Córdoba pretende evidenciar cómo la coalición es la responsable de que el Consell no pueda ejercer en estos momentos las competencias autonómicas debido precisamente a la falta de estos organismos.
En un comunicado, Córdoba ha dado explicado que «así se podría cerrar de una vez por todas, o al menos minimizar, la crisis institucional que lleva abierta desde hace ya muchos meses». Además, ha añadido, esta fórmula permitirá respetar «en todo momento la voluntad de los ciudadanos de Formentera, manifestada en las elecciones del 28 de mayo de 2023».
En la misma nota, el presidente formenterés ha recordado que fue la coalición de Sa Unió la que ganó aquellos comicios, con él como cabeza de lista, así como el diputado por la isla en el Parlament. A esto ha añadido que la crisis institucional, abierta por él mismo a finales de noviembre de 2023, llevó a la dimisión de los consellers de Sa Unió, «dejando de esta manera al Consell Insular de Formentera sin Junta de Gobierno, órgano básico para el normal funcionamiento de la institución, y sin vicepresidencias». Algo que ha provocado que el Consell tenga hoy en día «un funcionamiento más lento de lo que debiera».
Por otro lado, el Consell celebrará el próximo jueves una sesión plenaria extraordinaria para debatir sobre el informe emitido por la Comisión de Seguimiento de Código Ético sobre esta misma crisis institucional. El pleno fue solicitado por GxF ante la falta de convocatoria de la sesión ordinaria del mes de octubre. Una situación provocada por la negativa del secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro, a sacar del orden del día el debate sobre ese informe, a pesar de que Córdoba así se lo pidió en numerosas ocasiones a lo largo de la jornada en la que debía convocarse la sesión. Petición basada en que Córdoba está pendiente de la resolución presentada ante el propio informe y las recusaciones contra dos de los miembros de la comisión que lo firma. El presidente, finalmente, decidió no convocar el pleno, dado que es potestad decidir el orden del día y el secretario, cuya función en este caso es la de asesoramiento, se negó a aceptar sus peticiones.