En sus 49 páginas de informe, la Comisión de Ética y Buen Gobierno del Consell de Formentera desarrolla todos los hechos sucedidos en la institución desde noviembre de 2023, cuando empezó la crisis a raíz de una petición de supuesto sobresueldo de Córdoba a la presidenta Marga Prohens. El informe detalla que desde noviembre del año pasado se han producido «vulneraciones de los principios y valores que proclama el código ético. Estas vulneraciones inciden, en particular, en la integridad, la imparcialidad y el desinterés subjetivo, el respeto, la responsabilidad, la lealtad institucional, la transparencia y la sostenibilidad». Además, señalan que «se han visto comprometidas la ejemplaridad y la rendición de cuentas. Específicamente, respecto de las normas de conducta relativas a la integridad se han visto afectadas las normas de imparcialidad y desinterés subjetivo en la adopción de decisiones, atendiendo al interés general». Destacan, además, que los cargos públicos han incumplido «el deber de no perjudicar la imagen del Consell ante la ciudadanía o afectar a la reputación institucional».
Destacan, además, que esta crisis «se ha traducido en la configuración práctica del Consell de Formentera como una institución unipersonal en contra de la naturaleza esencialmente colegiada, colectiva por definición, y por exigencia de los principios de pluralismo político, participación ciudadana y responsabilidad lectiva, que imponen la Constitución de 1978, la normativa de la Unión Europea y la concreta legislación reguladora de los organismos públicos locales, insulares y autonómicos».
Sobre las posibles soluciones, afirman que «no le corresponde a esta comisión la propuesta de posibles soluciones políticas que den salida a la presente crisis institucional. Pero sí que debemos recordar a los responsables de la misma que la ejemplaridad y la excelencia son reglas de conducta generales proclamadas por el Código ético, al que se encuentran sometidos, a fin de: ‘evitarcualquier acción u omisión que pueda perjudicar la imagen institucional del Consell y minar la confianza de la ciudadanía en el mismo’ y les somete a una ‘implicación y esfuerzo permanente de mejora continua en la toma de decisiones públicas, actuando de manera eficiente y con profesionalidad’», según explican y añaden que esto no es compatible con «la situación de unipersonalidad indefinida».