Los tres grupos representados en la Corporación de Formentera, Sa Unió, GxF y el PSOE, han tumbado este viernes el proyecto presupuestario presentado por el todavía presidente, Llorenç Córdoba, para 2025. Un de algo más de 44 millones de euros y que, según el presidente, debería servir de base para el equipo que comenzará a gobernar el Consell tras la moción de censura que se debatirá el próximo día 27 y que, muy probablemente, convertirá a Óscar Portas en el nuevo presidente insular.
Lo cierto es que parecía descabellado que Córdoba pretendiera sacar adelante estos presupuestos a tan solo una semana de su despedida de la presidencia de Formentera. Sin embargo, según su explicación, este gesto tendría su lógica pues, de no contar con nuevos presupuestos, el Consell tendría que prorrogar los de este año, con las dificultades que ello conlleva. El aún presidente ha señalado en repetidas ocasiones durante el debate que, con el presupuesto aprobado, el nuevo equipo de Gobierno podrá «modificarlo» todas las veces que lo considere oportuno pero habrá evitado la prórroga de las anteriores cuentas.
De nada le han servido a Córdoba las explicaciones pues ninguno de los tres grupos ha aceptado votar a favor de este presupuesto. Todos han esgrimido argumentos muy similares. Por un lado, la incompresible actitud del presidente a una semana de la moción de censura. Por otro, la crisis institucional que atraviesa el Consell desde noviembre de 2023. A esto han añadido otras cuestiones como la «injustificada» subida de impuestos municipales y la previsión de contratar hasta nueve directores insulares. También le han recriminado destinar nada menos que un millón de euros a «publicidad y propaganda» así que la mayor parte del dinero vaya a parar al pago de las nóminas del personal y del funcionamiento diario de la institución.
Lo cierto es que, a pesar de los argumentos, ha tenido poco sentido que Córdoba haya puesto estas cuentas sobre la mesa. Y menos aún que la oposición haya debatido sobre las mismas a sabiendas de que, a partir del día 27, será otro gobierno, el de Sa Unió en minoría, el que tenga que elaborar su propio proyecto presupuestario. Pero la dinámica de enfrentamiento de todos contra el presidente aún se mantiene y, bajo ese prisma, el debate ha vuelto a ser agrio aunque sin alcanzar las cotas de tensión de meses pasados.
El Pleno, por otro lado, ha dado el visto bueno a una moción de GxF destinada a dejar patente el malestar de los ciudadanos ante la decisión «unilateral» de la Autoridad Portuaria de Baleares de comenzar a tramitar la adjudicación de la gestión del puerto de La Savina. Una decisión tomada por el Consejo de Administración del ente público el pasado miércoles, con el voto en contra del representante del Consell formenterés, el conseller Artal Mayans. La propuesta en sí contempla, entre otras cuestiones, el intento de forzar a la APB a dar explicaciones ante el Consell d’Entitats, que, según ha explicado Llorenç Córdoba, se reunirá la semana que viene a pesar de tratarse de fechas difíciles.
No parece probable que la APB esté dispuesta a acceder a las peticiones que, según las tres formaciones representadas en el Consell, tienen los ciudadanos de la isla. Así, todos los grupos se oponen a que el puerto se convierta en una sola marina deportiva y que sea una sola empresa la que gestione las instalaciones tanto terrestres como marítimas. En este sentido, el PSOE ha aportado un punto más a la moción exigiendo a la APB que cumpla la Ley de Puertos y que fomente la competitividad en la dársena en lugar de convertirla en un «monopolio».
La consellera de Sa Unió, Verónica Castelló, ha denunciado por su parte que la APB es una entidad «opaca» cuyas actuaciones solo se conocen en el seno de su consejo de administración, lo que impide que los ciudadanos puedan decidir sobre un espacio como el puerto formenterés. Espacio que, ha subrayado Castelló, es propiedad de los ciudadanos.
El Pleno, finalmente, ha dado luz verde a una propuesta de Llorenç Córdoba para instar al Gobierno a solicitar la colaboración de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para afrontar la cada vez más habitual avalancha de pateras. En este punto, GxF y el PSOE han subrayado su preocupación por los derechos de los inmigrantes que llegan a bordo de estas embarcaciones, así como por los de los menores extranjeros no acompañados que aún tiene que tutelar el Consell formenterés.