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El juicio contra el expresidente de Formentera Jaume Ferrer por no demoler una zona comercial encara la recta final

Imagen de archivo de Jaume Ferrer

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El juicio contra el expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer y el que fuera conseller insular de Promoción Económica y Territorio Bartomeu Escandell, así como otros dos representantes insulares, por no ejecutar una sentencia que ordenaba la demolición de una zona comercial ubicada en una zona BIC, encara este lunes su recta final en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Está previsto que concluyan las declaraciones de los testigos y presten de declaración los acusados, que al inicio del juicio solicitaron ser interrogados en último lugar, después de escuchar a todos los testigos.

Ferrer y Escandell están acusados de desobediencia por, según Fiscalía, obviar una sentencia judicial que obligaba a demoler unas construcciones comerciales ubicadas dentro de un conjunto catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) en el núcleo de Sant Ferran, aprobando para ello un decreto para redelimitar el área considerada BIC.

El Ministerio Público, que interesa la absolución para los otros dos acusados, pide que Ferrer y Escandell sean inhabilitados durante dos años y condenados al pago de una multa de 5.400 euros. Un empresario les acusa también de beneficiar a amigos en la construcción de una rotonda en la carretera de Sant Ferran.

En la sesión de este jueves, un técnico arquitecto de la institución insular negó en su declaración como testigo que el decreto aprobado en diciembre de 2009 para redelimitar el área BIC se hiciera como vía para no cumplir el mandamiento judicial que obligaba a derribar la zona comercial, levantada en 2005.

CENTRO COMERCIAL EN SANT FERRAN
La vista oral arrancó el pasado martes y se ha adelantado en parte después de que las partes hayan renunciado a varios testigos, entre ellos el que fuera ministro de Fomento José Blanco. Con la reorganización del calendario, el juicio podría acabar el lunes.

A juicio del Ministerio Público, los acusados desoyeron una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) de 2009 e hicieron "todo lo posible" para evitar la demolición de las construcciones que se habían levantado, redelimitando las áreas que habían sido declaradas BIC en 1996.

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