El que fuera presidente del Consell de Formentera entre 2007 y 2019, Jaume Ferrer, ha defendido sus actuaciones en relación a la demolición de un centro comercial levantado en Ca ses Castellones, en el núcleo de Sant Ferran, y ha asegurado que los sucesivos recursos contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que en 2009 ordenaba el derribo, se hicieron única y exclusivamente para evitar «graves perjuicios» sobre las arcas públicas de la institución insular.
Ha sido en la última sesión del juicio que se sigue contra Ferrer, el exconseller de Territorio Bartomeu Escandell y otros representantes insulares en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en relación a la demolición de la zona comercial y la construcción de unas rondas en la isla.
Ferrer ha evitado responder a la acusación popular en nombre del empresario Leo Stöber, que le atribuye, por su parte, favorecer intereses privados en la construcción de unas rondas en Sant Francesc y en Es Pujols. Así, sólo ha respondido al fiscal y a su defensa.
El expresidente insular ha asegurado que ninguna actuación tuvo la intención deliberada de desobedecer una sentencia judicial y ha insistido en que, siempre con el aval de los asesores técnicos y jurídicos del Consell de Formentera, el objetivo era evitar daños sobre unas arcas públicas ya maltrechas.
Según ha explicado, la institución insular no podría haber hecho frente a una responsabilidad patrimonial en un contexto de grave crisis económica.
Según ha añadido, de un presupuesto algo por encima de los 20 millones de euros, el Govern debía prácticamente 19. «Si se hubiese ejecutado la sentencia, hubiéramos tenido muchos problemas. No se podría haber pagado», ha afirmado a preguntas de su defensa.
En términos similares se ha pronunciado, evitando también contestar a la acusación popular, el que fuera conseller insular de Territorio Bartomeu Escandell, recordando que la sentencia del TSJIB se recibió «con cierto disgusto».
Escandell ha insistido en que la voluntad de la institución insular era, «nunca con la intención de incumplir el dictado del TSJIB», evitar los perjuicios económicos sobre un Consell de Formentera, «recién nacido al que todos miraban y que podría echar el cierre».
En relación a la construcción de las rondas, el exconseller de Territorio ha justificado como habituales las desviaciones en los presupuestos. «Es muy complicado atinar al céntimo la ejecución de unas obras», ha añadido.
Respecto a un acuerdo de pleno para redelimitar los conjuntos BIC y que dejaba fuera del ámbito de protección la construcción comercial levantada sobre Ca ses Castellones, Jaume Ferrer ha señalado que se trataba de una revisión de todos los conjuntos BIC de la isla y no únicamente para ese caso en concreto.
Antes, el que fuera conseller del PP en la oposición entre 2009 y 2019 José Manuel Alcaraz ha señalado que «el sentir de los grupos políticos» era evitar que el centro comercial fuera derribado. «Ustedes tendrán que decidir si se hizo de forma legal o no», ha señalado durante el interrogatorio.
En relación a la aprobación de las normas subsidiarias en 2010, ha recordado que el pleno debatió los posible intereses personales de los miembros del consell insular con la aprobación de las normas y que se pidió el aplazamiento del pleno que las aprobó para ver qué consellers tenían que abstenerse de participar en la votación.
Sobre esta cuestión, una funcionaria del Ministerio de Fomento que formaba parte de la comisión de seguimiento del convenio de carreteras entre Ministerio y consell insular ha admitido que había cuestiones «extrañas» en el convenio, aunque no detectó «ninguna irregularidad», sobre las desviaciones en los presupuestos.
Conclusiones de las partes
El juicio ha quedado este lunes visto para sentencia. Fiscalía ha mantenido contra Ferrer y Escandell la acusación de un delito de desobediencia y pide que sean condenados a una multa de más de 5.000 euros y a dos años de inhabilitación, al considerar que no ejecutaron la orden del TSJIB de demoler la zona comercial y, además, redelimitar el conjunto BIC con la misma intención.
Para la representante del Ministerio Público, que no acusa a los otros dos acusados, los también exconsellers Sonia Cardona y Josep Mayans, se intentó retrasar por todos los medios la demolición del conjunto.
Por su parte, la acusación popular, que ejerce el empresario Leo Stöber, mantiene para todos los acusados la petición de cuatro años de prisión por desobediencia, malversación y prevaricación al entender que se pusieron «trabas jurídicas» a la ejecución de la sentencia.
El letrado de la acusación popular ha calificado como «un rosario absurdo y temerario» la sucesión de recursos a la sentencia que ordenaba el derribo.
Además de esto, ha señalado, al agotarse la vía judicial cree que los acusados dictaron un decreto para redelimitar las zonas de protección. En relación a la construcción de las rondas, la acusación mantiene que se actuó para beneficiar intereses particulares de los acusados.
Las defensas reclaman la libre absolución y una condena en costas contra la acusación popular del empresario, que consideran temeraria. Los letrados Fernando Mateas y Ascensión Joaniquet han trasladado el «hartazgo» de sus clientes en relación a lo que han considerado una «persecución» de más de una década por parte de Stöber en relación a este y otros procedimientos.
Cronología de los hechos
Los hechos tienen que ver con la construcción y posterior demolición de una zona comercial en una zona del núcleo de Sant Ferran (Formentera) conocida como Ca Ses Castellones, y que desde 1996 estaba dentro de una zona catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Fue en 2005 cuando se autorizó la demolición de una casa payesa y la posterior construcción de una zona comercial, situación que fue denunciada.
En 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ordenó la revocación de la licencia y la consecuente demolición de la zona comercial, momento en que comenzó la sucesión de recursos y la aprobación en el pleno insular de una redelimitación de las zonas BIC. El área comercial fue finalmente demolido en 2012.