La disputa por los quioscos de las playas de Formentera continúa. Los ciudadanos que ejercen la acción pública en este caso —un grupo impulsado por los antiguos licitadores de establecimientos de la isla como Lucky, Kiosko 62, Kiosko Cala Sahona y el Pirata Bus— han lanzado un ultimátum al Govern balear: le dan hasta la primera semana de septiembre para que mueva ficha de verdad. Si no hay una actuación en firme, llevarán el asunto directamente a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo. No quieren más informes internos que se queden en un cajón, sino una actuación efectiva que culmine en el cierre de los chiringuitos actuales.
El conflicto viene de lejos, pero el problema actual ya no es investigar si hay irregularidades o no; eso los técnicos ya lo han hecho, según aseguran estos establecimientos a través de una nota de prensa. Los propios servicios de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua analizaron el caso y los técnicos ya han puesto por escrito que se debe abrir el proceso legal para quitarles los permisos a los quioscos amparados bajo la concesión del Consell Insular de Formentera.
Entre los incumplimientos más graves que constan en los informes figura el llamado «efecto invierno», ya que los quioscos debían haberse desmontado obligatoriamente entre enero y febrero (tal como exigen las normas), algo que no ocurrió ni en 2025 ni en este 2026.
De hecho, los técnicos detectaron que la gran mayoría ni siquiera son realmente desmontables. A esto se suman problemas de ubicación y servicios, tras haberse detectado quioscos demasiado juntos —saltándose la distancia mínima de 300 metros en Els Arenals— y baños públicos vinculados que no siempre están abiertos ni son gratuitos, tal como obligaba el contrato.
Por último, los informes destacan la falta de controles iniciales, puesto que tampoco se redactó en su día el acta obligatoria para comprobar que lo que se construyó coincidía con el proyecto autorizado.
Pese a que el instructor ya propuso abrir el expediente de caducidad el pasado mes de noviembre de 2025 —hace ya más de nueve meses—, el Govern no ha notificado ninguna resolución formal ni ha respondido a las peticiones de suspender la actividad de los chiringuitos mientras se tramita el caso. Tampoco ha servido de excusa el reciente cambio de sillón en la Dirección General de Costas, ya que los expedientes son de la administración y no de las personas que pasan por el cargo.
Una guerra a dos bandas
Este bloqueo administrativo es el resultado de un choque político y legal que ya estalló a principios de año. Por su parte, el Consell Insular de Formentera se ha defendido en todo momento: sostiene que ellos no han incumplido nada, que la culpa de que no se desmonten los chiringuitos es de los empresarios privados que los explotan (a quienes aseguran haber multado y expedientado), y tachan de "desproporcionado" que el Govern intente retirar toda la concesión general por fallos puntuales. Incluso llegaron a denunciar que el proceso del Govern tenía graves fallos legales porque no se notificó bien a los afectados.
Sin embargo, los denunciantes consideran que el Ejecutivo balear no puede mirar hacia otro lado ni utilizar las quejas del Consell como coartada para dejar el expediente en un cajón.
¿Qué se exige ahora?
El ultimátum fijado para septiembre exige al Govern que notifique de una vez el acuerdo formal de caducidad o lo dicte de inmediato si todavía no existe, aclarando además qué órgano es el responsable actual y cuál es la situación real del expediente. Asimismo, reclaman tener acceso completo a todas las actuaciones administrativas y exigen que se resuelva de forma clara si se suspende o no la actividad de los quioscos mientras se toma una decisión definitiva. Todo ello con el fin de que el proceso avance y concluya con una resolución debidamente motivada dentro de los plazos legales.
Si pasado el plazo el Govern sigue de brazos cruzados, los tribunales tendrán la última palabra para decidir si la administración ha incumplido su deber de hacer cumplir la ley en la costa de Formentera.