El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern balear, Manuel Pavón, ha llevado este martes al Senado la situación crítica que atraviesan las Islas por culpa de la cada vez más elevada llegada de pateras a las costas de Baleares. Entre otras cuestiones, Pavón ha asegurado que la situación de los consells es «insufrible» debido al elevado número de menores extranjeros que ahora han de tutelar y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez actuaciones para paliar esta situación.
En su intervención ante la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado, Pavón se ha centrado en cómo la inmigración irregular está afectando a Formentera. Una isla con menos de 12.000 habitantes censados y cuyo consell tutela en estos momentos a 250 menores extranjeros no acompañados. El responsable autonómico de Inmigración ha explicado que en lo que va de año han llegado a las costas de Formentera unos 3.000 inmigrantes a bordo de las pateras, «un 25% de su población». Y ha subrayado que las tutelas que está soportando la institución insular, y que han llegado a rozar las 300 en algunos momentos, son «uma cifra extraordinariamente elevada para sus dimensiones». «Es muy superior a lo que puede acoger su sistema», ha denunciado Pavón.
El director general de Inmigración también ha explicado que se han registrado graves problemas con el sistema de detección de edad de estos menores. En este sentido, Pavón ha señalado que, entre 165 menores analizados, se detectó que nada menos que 52 eran adultos. «Es necesario agilizar el proceso para determinar la edad», ha señalado, «hay que proteger a los menores en los centros. No podemos consentir que se mezclen mayores con menores de edad».
Además, ha denunciado que el coste de cada una de estas tutelas es de unos 9.000 euros mensuales. Es decir, los consells gastan en tutelar a los menores llegados en pateras unos dos millones de euros al mes.
«Sufrimos verdaderos aludes», ha denunciado Manuel Pavón ante los senadores y ha puesto como ejemplo los 400 inmigrantes irregulares que llegaron este verano a las Islas en menos de 72 horas a bordo de 20 pateras. La mitad de ellos arribaron a las costas de Formentera. Entre los días 8 y 16 de septiembre, han llegado a Baleares unas 500 personas. Y en tan solo la semana que va del 21 al 25 de septiembre lo han hecho 541 más. 338 de ellas han llegado a Formentera.
«La situación es insostenible», ha insistido el responsable autonómico de Inmigración. Y ha expuesto ante los senadores que estas avalanchas están afectando a la capacidad operativa de las Islas, a los servicios de emergencias, a los servicios sociales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en el archipiélago.
Manuel Pavón también se ha referido a la llegada de cadáveres de inmigrantes a las costas baleares. En este sentido, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que luche contra las mafias que trafican con estas personas y que refuerce la vigilancia aérea y marítima. También ha reclamado una mayor cooperación con los países de origen, de salida y tránsito de los inmigrantes. «Es una cuestión humanitaria», ha destacado y ha insistido en reclamar «medios extraordinarios» para el archipiélago.
El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo también ha tenido unas palabras para la labor que desarrollan en Baleares la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero también para la que están desarrollando en Ceuta junto al Ejército y al CNI. Sobre este último ha señalado que es «uno de los más destacados servicios de inteligencia a nivel mundial» y ha lamentado que su labor se esté cuestionando en estos momentos.
Sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad en las Islas, Pavón ha explicado que sufren un «déficit estructural de entre 800 y 1.000 efectivos» y ha denunciado cómo están trabajando sin los medios necesarios. Y ha recordado que el Govern ha sido la Administración que les ha aplicado una reducción fiscal aunque no sea su competencia. Reducción que, en el caso de los agentes que trabajan en Formentera es de 2.600 euros. «El Govern estará siempre al lado de quien nos cuida», ha señalado, «pero quien tiene las competencias debe afrontarlas».
Manuel Pavón, por otro lado, ha recordado que el Govern de Marga Prohens defiende una inmigración «legal, ordenada y controlada». Y ha afirmado que el Ejecutivo autonómico «cree en la cooperación con los países de origen, salida y tránsito» de los inmigrantes irregulares. Además, ha dejado claro que apoya «una auténtica integración de las personas que vienen a contribuir». Pero también ha exigido al Gobierno de Sánchez «medidas y medios acordes a la presión» que soportan las administraciones isleñas debido a la avalancha migratoria. Y más en un momento en el que este archipiélago es el único lugar de Europa donde la inmigración irregular va creciendo mientras que en otros puntos como Canarias se detectan ya importantes descensos en las llegadas.
«Exigimos al Estado que asuma sus obligaciones», ha concluido, «si o sabe o si no es capaz, que Europa actúe de forma urgente en nuestro archipiélago». Y es que la «dejadez» del Gobierno de Sánchez es la que, a juicio del Govern, ha propiciado que Baleares haya pasado de recibir 22 inmigrantes irregulares en 2019 a 7.321 seis años más tarde. Algo que también denunciará en breve la presidenta balear, Marga Prohens, ante la Unión Europea.