La plataforma contra los tendidos aéreos considera que la normativa que prepara el Govern, a través de la ordenación del territorio, para obligar a soterrar las líneas eléctricas «es una noticia esperanzadora y que confirma lo que ya pensábamos, que el Govern tiene los medios legales para hacerlo y que se trata de una cuestión de voluntad política», señaló Jaume Roig, abogado de los afectados por las polémicas líneas Misa y San Juan.
Ahora, la cuestión se centrará en decidir si estos proyectos, actualmente en tramitación, quedan afectados por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), que establecen la obligatoriedad de soterrar tendidos eléctricos.
«Entiendo que esta legislación afecta a las líneas no instaladas, es decir, que tiene un efecto retroactivo, por lo que si hay voluntad es perfectamente viable», añadió Roig, quien recalcó que «si se quiere soterrar progresivamente incluso las líneas construidas, no tendría ningún sentido que las nuevas fueran aéreas».