El Consell Insular d'Eivissa i Formentera decidirá antes de final de año cuál es la actuación que hay que realizar en el vertedero de Cala Llonga y, en concreto, si se pone en marcha el proyecto que fue encargado por el anterior equipo de gobierno y que contempla una inversión en esta instalación de casi 2.000 millones de pesetas. El conseller de Medi Ambient de la institución, Joan Buades, reconoció ayer que este proyecto tiene, en principio, dos claras objeciones: se basa en el hecho de que el terreno es impermeable, una condición que tendrá que ser confirmada por los técnicos sobre la que Buades tiene muchas dudas, y no incluye la instalación de una planta de compostaje, algo que para el conseller es totalmente imprescindible. Por estos motivos, el responsable de Medi Ambient apuntó que, lo más probable, es que haya que cambiar el proyecto, al menos en parte.
En el día de ayer, Buades visitó esta instalación y la del Cap de Barbaria junto al director general de Residuos y Energías Renovables del Govern balear, Nicolau Barceló, que reconoció que la herencia recibida es una auténtica «patata caliente» que, como tal, requiere la toma de medidas «urgentes». Barceló apuntó que las dos prioridades del Govern con respecto a Eivissa y Formentera son solucionar los problemas de los vertederos y «dotar a las Pitiüses de un Plan de residuos sólidos urbanos, así como conseguir que se integren en el futuro Plan director sectorial de residuos, que contemplará todo tipo de residuos». «Ahora mismo, desde esta dirección general, lo que sentimos es una gran sensación de urgencia; hay que intervenir en estas cuestiones», añadió Barceló.