El Partido Popular no tiene intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Consells Insulars que el Govern llevará próximamente al Parlament balear. Está tan convencido de que este texto vulnera no sólo la Constitución Española, sino también la Ley de Bases de Régimen de Local, que asegura que será el propio Gobierno central, a través del órgano dedicado a supervisar las leyes aprobadas por las comunidades autónomas, quien recurrirá dicho texto y solicitará su suspensión cautelar al Tribunal Supremo.
El coordinador del grupo parlamentario popular para asuntos institucionales, Joan Huguet, se mostró convencido de que esta ley no entrará nunca en vigor antes de enero del 2001 y aseguró que tampoco lo hará entonces porque, si no es modificada en su trámite parlamentario, el Supremo ordenará su suspensión temporal hasta que se dicte sentencia.
Huguet, señaló ayer en Eivissa que esta ley es el «precio político» que el gobierno progresista está pagando a Unió Mallorquina (UM) por recibir su apoyo parlamentario, necesario para mantenerse en el Ejecutivo. Huguet criticó que el presidente Francesc Antich no haya querido consensuar esta normativa y señaló que el PP había ofrecido sus 28 diputados para llegar a un acuerdo sobre una ley de capital importancia para Balears «sin que se sintiera prisionero de otras fuerzas políticas».
Huguet, que compareció en Eivissa acompañado por el presidente del PP pitiuso, Josep Juan Cardona, y por los diputados ibicencos Antoni Marí Calbet, Pere Palau y Joan Marí Bonet, también arremetió contra la decisión de no someter el texto al dictamen del Consell Consultiu (asesor del Govern en materia jurídica). En su opinión, no se ha hecho porque hubiera sido rechazado de nuevo, como ya ocurrió con el primer borrador de la ley.