La redacción actual de la moratoria urbanística aprobada por el Consell Insular carece de la garantía jurídica necesaria para poder ser aplicada con total regularidad. Según ha podido comprobar Ultima Hora Ibiza y Formentera , la norma cautelar del Consell incluye en varios de sus artículos la modificación de leyes de rango superior, como el caso de la Ley de espacios naturales (LEN) y la Ley del Suelo aprobada por el Gobierno central, y que sólo se pueden cambiar mediante otra ley aprobada por el Parlament balear.
Este es el caso del punto que recoge la ampliación de la superficie mínima exigida para la construcción de una vivienda unifamiliar en una zona considerada como Àrea Natural de Interés Paisajístico (ARIP). Según destacaron las fuentes consultadas por este periódico, la ampliación sólo la puede hacer efectiva el correspondiente ayuntamiento, que tiene potestad para fijar las parcelas mínimas, una ley del Parlament o bien el Consell a través de unas Normas Subsidiarias, pero no de una moratoria cautelar.
Este no es el único punto que presenta dudas jurídicas. En el articulo 2, donde se establecen los parámetros que debe cumplir un terreno para tener la categoría de solar, se fija como uno de los requisitos la dotación de alumbrado público, un punto que no recoge la Ley del Suelo aprobada por el Gobierno. Estas incorrecciones puntuales podrían provocar una avalancha de recursos contra la norma e incluso su invalidez total. Tanto es así que el Consell de Mallorca, que tenía previsto tomar la moratoria de Eivissa como modelo, decidió modificar su texto para no incurrir en incorrecciones jurídicas. La norma aún puede ser modificada tras pasar por el periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva.