El vicepresidente del Govern, Pere Sampol, anunció ayer que el Ejecutivo presentará un recurso de inconstitucionalidad contra diversas medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno central. Se trata de la decisión de dar libertad de horarios a los comercios, la posibilidad de instalar gasolineras en las grandes superficies comerciales y otras medidas liberalizadoras relacionadas con el sector inmobiliario.
La decisión de presentar este recurso se ha adoptado después de que el Consell Consultiu haya emitido un informe en el que asegura que el Gobierno no puede modificar el régimen de horarios comerciales de manera unilateral, ya que una ley orgánica anterior determinaba que esta decisión debe adoptarse de manera pactada entre el Gobierno central y las respectivas comunidades autónomas. El dictamen afirma además que el Gobierno «no puede modificar el régimen de horarios comerciales hasta el 1 de enero de 2001». Añade que, si el Gobierno quiere aprobar esta ampliación a partir del 1 de enero, debe hacerlo a través de una nueva ley orgánica «mediante la cual se deje sin efecto la transferencia hecha a las comunidades autónomas para codecidir la aplicación de la libertad de horarios comerciales».
Por lo que respecta a la instalación de gasolineras en grandes superficies, el dictamen del Consell Consultiu concluye que algunas de estas disposiciones vulneran el Estatut d'Autonomia de Balears. El dictamen asegura que el Gobierno ha adoptado medidas urbanísticas «que podrían vulnerar al artículo 11 del Estatut d'Autonomia de Balears, que otorga a nuestra Comunitat Autònoma competencia de despliegue legislativa y ejecución, en el marco de la normativa básica del Estado, en materia de régimen minero y energético y de actividades clasificadas».