Dos de cada tres de las plazas que se construyen en Eivissa no se utilizan como primera vivienda, sino que se convierten en segunda residencia o se les da un uso turístico, según los datos que presentó ayer el diputado y conseller de Els Verds Joan Buades para defender sus alegaciones a la moratoria urbanística del Consell Insular. Buades propone que esta norma sea más estricta para que realmente proteja el territorio de Eivissa y Formentera durante los tres años que dure la redacción del Plan Territorial Insular.
Según el representante ecologista, las cifras oficiales que maneja el Govern hablan de 72.000 plazas principales de vivienda y, sin embargo, más de 160.000 entre plazas turísticas y segundas residencias. Esta es una de las características que, en opinión de Buades, diferencia a Eivissa del resto de Balears y que justificarían que se endureciera la moratoria y se pareciese más a la de la isla de Menorca.
Las ocho alegaciones presentadas por Buades como conseller del grupo mixto tienen por objetivo conseguir que se incluya a Formentera en la norma cautelar, que queden afectados los suelos urbanos, que se pueda suspender la ejecución de suelos urbanos y urbanizables en determinadas zonas al amparo de valores ambientales y paisajísticos, que se extreme la protección del suelo rústico y, finalmente, que se ralentice el 'boom' constructor que actualmente experimentan las Pitiüses.
Para conseguir este último objetivo Buades plantea la posibilidad de utilizar la propuesta del municipio de Calvià de repartir el trabajo de la construcción a base de fijar las cuotas de licencias que se pueden otorgar cada año por los ayuntamientos. De esta manera, los ecologistas plantean que los constructores locales podrían acceder a más trabajos porque en la actualidad la saturación permite a las grandes compañías adjudicarse la mayoría de las obras. Buades también propone que el suelo rústico común no pueda albergar tendidos o canteras ni viviendas unifamiliares salvo excepciones.