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El Consell recurrirá la decisión judicial al entender que actuó bien en es Pouet

La institución, satisfecha por la apertura de diligencias contra la empresa que, según el auto, se tomó la justicia por su mano

Trabajadores del Consell y Guardia Civil vigilaban el viernes las obras de es Pouet, precintadas de nuevo el pasado jueves. FOTO:K. TABERNER.

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El Consell Insular recurrirá el auto de la juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa en el que ésta se niega a ordenar medidas cautelares en es Pouet a la vista de una posible actuación ilícita por parte de la institución, que colocó los precintos en las obras sin solicitar previamente una orden del juez de lo Contencioso-Administrativo. El Consell restó ayer importancia a esta decisión y manifestó que la juez sólo expresa sus dudas sobre esta actuación, sin llegar a una conclusión definitiva al respecto. De momento, añade, nada ha variado con respecto a la orden de suspensión de las obras.

El auto, que fue avanzado ayer por este periódico, señala que existen indicios «de una actuación ilícita de la administración», pero ha sido ya recurrido por el fiscal que, al igual que el órgano de gobierno insular, entiende que se procedió de forma correcta. En cualquier caso, el Consell ha anunciado tras conocer la decisión de la juez (de fecha 25 de agosto aunque no fue notificada a la institución hasta anteayer) que se personará en la causa.

A través de un comunicado de prensa, el equipo de gobierno manifestó ayer su satisfacción por la apertura de diligencias previas contra los responsables de la obra por un posible delito de desobediencia a la autoridad. La juez entiende que, pese a que la colocación de los precintos pudiera no haber sido correcta, «nunca debió el particular tomarse la justicia por su mano y sí acudir a la vía judicial», con lo que se critica la ruptura de los mencionados precintos para retomar los trabajos. El Consell entiende que este punto del auto «refuerza la tesis defendida en todo momento por el Consell en relación a que si los responsables de las obras creían que el precinto no se ajusta a la legalidad deberían de haber acudido a la instancia judicial y nunca actuar por su cuenta».

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