La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado al Consistorio de Sant Joan a pagar 39.430.479 pesetas a la empresa Puig Barreda como liquidación de las obras efectuadas,pero no abonadas, en la depuradora de Portinatx en 1997, año en que el Ayuntamiento rescindió ilegalmente el contrato de construcción que originariamente había sido adjudicado a esa sociedad limitada, según consta en una sentencia emitida el 3 de octubre.
La Sala ha anulado tres acuerdos municipales que condujeron a la rescisión del contrato, y ha estimado que el Consistorio debe pagar a Puig Barreda toda la obra que realizó la empresa, así como devolver la fianza de casi cuatro millones de pesetas, que sigue en depósito. A estas cantidades habrá que sumar, según explicó un portavoz de Puig Barreda, los intereses de demora desde 1997, lo cual puede aumentar considerablemente la cuantía.
Como último recurso para evitar el pago de la cuantiosa cantidad, el Ayuntamiento presentará próximamente una apelación ante el Tribunal Supremo, según explicó a este periódico Antoni Marí Marí Carraca, alcalde del municipio.
Los hechos se remontan a 1997, cuando era alcalde el popular Vicent Guasch i Rosselló. Según el argumento empleado por los abogados del Consistorio durante el litigio, el alcalde decidió rescindir el contrato con Puig Barreda al entender que las obras se habían paralizado y que otras empresas podrían, como al final ocurrió, concluir la construcción a un precio más ventajoso. La depuradora de aguas residuales de Portinatx, subvencionada con fondos de la entonces Comunidad Económica Europea y de la Junta de Aguas de Balears, fue finalmente inaugurada en 1997.