El presidente de la Demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears, Javier Planas, lamentó ayer que tras la aprobación inicial de la moratoria urbanística, el Consell Insular no haya hecho «una labor de consenso» que hubiera permitido que el debate de cara a la aprobación definitiva del texto fuera más «participativo». Planas hizo estas declaraciones en un descanso de la reunión que la junta del Col·legi d'Arquitectes de Balears celebró ayer en Eivissa.
Este colectivo, según expresó ayer su presidente en las Islas, Antoni Ramis, considera que «no se puede seguir haciendo un urbanismo desarrollista como el de los años sesenta y setenta», por lo que considera lógico que se fijen las «estrategias de futuro» dado que «en treinta años se han agotado prácticamente las reservas racionales de suelo». Por todo ello, Ramis considera normal que se establezcan normativas para preservar espacios vírgenes, proteger el patrimonio histórico, rehabilitar zonas degradadas y regular el futuro.
Los arquitectos confían en los planes territoriales como instrumento para conseguir esto y aceptan que, mientras se redactan, se dicten normas cautelares. Sin embargo, en el caso concreto de la de Eivissa, Planas considera que no se han tenido en cuenta determinadas consecuencias, especialmente el hecho de que la norma pueda producir «un efecto rebote» y se provoque un desarrollo forzado en determinadas zonas que, de no existir la moratoria, no hubieran sufrido dicha presión.
Planas lamenta que no hayan sido tenido en cuenta las alegaciones que presentó la Demarcació y considera que se han discriminado determinados municipios pitiusos.