El Consell Insular tendrá que comunicar al Govern de les Illes Balears su decisión de aceptar las competencias de bienestar social pero haciendo una serie de puntualizaciones. El pleno de la institución, con los votos en contra del equipo progresista, aprobó ayer las alegaciones presentadas por el conseller del grupo mixto, Joan Buades, que reclaman un suplemento de 419 millones de pesetas en el año 2001 sobre la cantidad inicialmente pactada, otros 975 millones en el año 2002 y 1.268 en el año 2003, así como una cantidad total de 1.000 millones repartidos en cuatro ejercicios para construir nuevas infraestructuras.
A pesar de que la consellera de Benestar Social del Consell, Sofía Hernanz, consideró que se trata de una ley de transferencias «inédita y excepcionalmente positiva», los consellers del PP convinieron con Buades en que la dotación económica es totalmente insuficiente para las necesidades en materia social que tienen Eivissa y Formentera. Hernanz insistió en que estaba previsto en la ley que el Govern pagara, no sólo el coste efectivo (es decir, lo que actualmente cuesta mantener los servicios con los que se cuenta), sino también una cantidad para paliar el «agravio comparativo» que han sufrido las Pitiüses en las últimas décadas en infraestructuras.
Buades no discutió que estas transferencias vengan mejor dotadas que otras anteriores, pero dijo que de ahí a concluir que fueran suficientes había un largo camino. «Els Verds queremos transferencias y queremos un auténtico gobierno insular, pero no queremos que nos tomen el pelo», le dijo Buades a Hernanz, que en un momento del debate intentó presionar al conseller diciéndole que su voto en contra podría suponer no avanzar en el autogobierno y permitir que las competencias siguieran siendo gestionadas desde Mallorca.
Tras el debate se procedió a votar las enmiendas presentadas por Buades, que fueron aprobadas con siete votos a favor y seis en contra. A continuación se votó la propuesta de transferencia de las competencias en esta materia y, en este caso, tanto el Pacte como el PP dieron el sí mientras Joan Buades optaba por abstenerse.