El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan acordó el pasado viernes presentar recurso de queja ante el Tribunal Supremo (TS) por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que le condena a pagar a la empresa Puig Barreda casi 40 millones de pesetas por haber rescindido ilegalmente el contrato de construcción de la depuradora de Portinatx. La queja será formalizada a pesar de que el Consistorio dispone de un informe jurídico en el que se advierte de la «nula posibilidad de éxito» de sus tesis ante el Tribunal Supremo. El letrado que ha redactado el informe prácticamente da por firme la sentencia del TSJB.
Pese a todo, el alcalde, Antoni Marí Marí, propuso seguir adelante con el proceso para intentar agotar todos los cauces legales que permitan librar al Ayuntamiento de pagar los 40 millones a Puig Barreda. A esa cantidad hay que sumar la fianza entregada por Puig Barreda (el cuatro por ciento de 69 millones) y los gastos de procuradores y abogados, además de los que se originen ahora con esta queja ante el Tribunal Supremo.
Además, la Corporación solicitará un informe jurídico que determine quiénes son los responsables de esta situación, que podría abocar al Consistorio a un grave quebranto de sus finanzas. Junto a ese informe, se ha solicitado otro que dirima si la empresa Puig Barreda ha podido incurrir en «responsabilidad penal» en este proceso, al solicitar unas cantidades que, a juicio del alcalde, podrían corresponder a obras no concluidas. Dependiendo de lo que se diga en esos informes, el Ayuntamiento podría actuar judicialmente.