El Ayuntamiento de Eivissa reaccionó ayer con contundencia ante las acusaciones de los representantes sindicales y negó que se hayan ofrecido puestos a dedo a algunos integrantes de la mesa de negociación del catálogo de puestos y el convenio colectivo. Esas manifestaciones han sido consideradas constitutivas de un posible delito, así como «totalmente gratuitas y fuera de lugar». De hecho, la institución comunicó ayer que «se ha puesto en manos de los asesores jurídicos el inicio de las acciones legales correspondientes contra la persona o personas que han hecho las manifestaciones».
Esta no fue la única advertencia realizada por el equipo de gobierno en su nota de prensa. También señaló que, pese a que se mantiene la voluntad de diálogo, el equipo de gobierno «no cederá ya ni una peseta más en el tema salarial» y se pregunta por qué los sindicatos mantienen casi en secreto que sus demandas «superan los 100 millones de pesetas anuales».
El Pacte Progressista invirtió ayer las acusaciones y defendió que son los representantes de los trabajadores los que «se resisten a aceptar que se cumpla la ley». Para conseguir sus fines, añade el equipo de gobierno, «han iniciado una ofensiva demagógica buscando el conflicto e intentando el chantaje al gobierno, difundiendo toda clase de falsedades».
Así, el Ayuntamiento enumera hasta cinco puntos que, según el Pacte, no se corresponden con la realidad. Es falso, afirma, que se haya propuesto algún nombramiento a dedo. Es falso que se haya intentado sobornar a alguien. Es falso que no se les haya explicado correctamente el estudio salarial, que la propuesta signifique un perjuicio para algún trabajador o que se haya intentado mantener en secreto la nueva normativa salarial.
Para el polémico asunto del ofrecimiento de cargos a los miembros de la mesa de negociación el Ayuntamiento ibicenco tiene una explicación. «En el marco del proceso de reorganización que se está estudiando se ha hablado con cinco trabajadores proponiéndoles ocupar, con un nombramiento provisional, puestos de responsabilidad nuevos, dejando siempre claro que pasados seis meses como máximo estos puestos se cubrirían por concurso. Esta forma de nombramiento provisional está prevista en la normativa que se ha entregado a los sindicatos. Una de las personas es miembro de la mesa negociadora y se le dijo expresamente que podía seguir participando en la mesa y que se respetaba su libertad de actuación», afirma el comunicado que remitió ayer el equipo de gobierno municipal.
También se insistió en que la reforma propuesta aplica por primera vez la legislación y asume un incremento de costes salariales de 40 millones en tres años.