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El PP lleva al Consell a los tribunales por la moratoria urbanística

La oposición teme que la iniciativa del Pacte obligue a a la institución a afrontar fuertes indemnizaciones en el caso de que la norma resulte ser ilegal

El grupo popular anunció ayer en qué argumentos ha basado su recurso contencioso-administrativo. Foto: V.F.

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El grupo popular del Consell Insular anunció ayer que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Norma Territorial Cautelar (NTC) que el Consell Insular aprobó definitivamente el pasado 28 de octubre. El presidente del PP pitiuso, Josep Juan Cardona, explicó que los motivos en los que está basado dicho recurso son prácticamente los mismos que hicieron constar en las alegaciones al texto, que fueron totalmente desoídas por el equipo de gobierno del Consell.

Así, Juan Cardona reiteró que el procedimiento por el que se aprobó la moratoria no fue legal, que es necesario consignar un presupuesto para hacer frente a posibles indemnizaciones y que no se han resuelto explícitamente por el pleno del Consell las alegaciones presentadas. Además, el PP insiste en que la NTC «infringe el principio de jerarquía normativa, invade competencias municipales» y suspende licencias cuando tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han dictado sentencias contrarias a este tipo de actuaciones.

El presidente del PP pitiuso consideró «lamentable» que el Pacte Progressista «consiga su voluntad a pesar de haber pasado por encima de la ley» y aventuró que, probablemente, la institución pitiusa tendrá que pagar con los impuestos de los ciudadanos de muchos años «la temeridad» del equipo de gobierno. Juan Cardona añadió que, en estos momentos, al Consell se le vienen «un montón de pleitos encima» que le acabarán costando «un disgusto», traducido en fuertes indemnizaciones económicas.

Finalmente, el presidente de la formación popular se refirió al hecho de que la moratoria se hubiera aprobado con el voto de calidad de la presidenta. Políticamente, dijo Juan Cardona, significa que no se tiene el respaldo necesario pero, jurídicamente, añadió existe la posibilidad de que se declare la inadecuación a derecho. El argumento es que el Consell aprobó la NTC por delegación expresa del Govern, mientras que el voto de calidad sólo lo tiene la institución por su carácter local y no por el autonómico.

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