El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària decidió ayer iniciar los trámites para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra el Govern balear por considerar que se han invadido competencias municipales por parte del Ejecutivo autonómico. En concreto, se ataca al artículo 17 de la Ley 12/99 de 23 de diciembre de medidas tributarias, administrativas, de función pública y económicas y a la redacción resultante de la modificación de dicha ley aprobada el 27 de octubre de 2000.
El Pacte Progressista se opuso a esta iniciativa y, además de denunciar defectos en la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria, acusó al Ayuntamiento de actuar únicamente para salvaguardar los intereses del Consistorio de Palma, que precisa que una séptima parte de los municipios baleares promuevan el conflicto de competencias para que éste pueda seguir adelante. «Estamos de acuerdo en que no hay que sustraer competencias municipales pero, en este caso concreto, se trata de un tema de residuos y este municipio tiene un vertedero desde hace años en situación de ilegalidad manifiesta, perjudicando a las aguas subterráneas, y el Ayuntamiento nunca ha hecho nada», criticó el portavoz progresista, Carlos Salinas, que acusó a la institución de intentar aparecer como «salvadora» de un problema que ya está en vías de solucionarse.
Por su parte, el alcalde, Vicent Guasch, consideró que el Ayuntamiento está defendiendo sus propios intereses y no sólo los de Palma y opinó que el tema tiene «más calado del que se le quiere dar».