El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni acordó ayer dirigirse a la Conselleria balear d'Obres Públiques para reclamar la cesión de la calle Ramón y Cajal, que atraviesa la ciudad en dirección a Santa Agnès. Esa vía pública pertenece al Govern balear, ya que es la continuación de la carretera Eivissa-Sant Antoni.
La moción, aprobada a propuesta del Pacte Progressista, tiene su antecedente en la reiterada demanda de los comerciantes de la zona, que se quejan del estado de esa vía pública y reclaman aceras más amplias y una reordenación exhaustiva. El Ayuntamiento siempre ha alegado en su defensa que no podía poner solución a esos problemas porque la titularidad de la carretera estaba en manos del Govern. En caso de que se consume la cesión el Consistorio elaborará un proyecto de mejora de la calle, según figura en la moción que se aprobó ayer en el pleno.
El alcalde, Antoni Marí Tur, propuso que se aprovechara el aparente consenso de los grupos municipales para reclamar, de paso, que todas las carreteras que atraviesan la principal población y que están en manos del Govern sean cedidas al Ayuntamiento, una idea que no contó con el apoyo de la oposición.
Marí Tur también informó durante el pleno de la situación de la planta asfáltica que la empresa Agloisa proyecta construir en el polígono industrial de Montecristo: el alcalde recordó que ese tipo de terrenos tiene una función concreta -precisamente la de acoger industrias- y anunció que el Consistorio está a la espera de que la Conselleria de Industria emita un informe en el que enumere los requisitos (sanitarios, medioambientales y laborales) que debe reunir esa fábrica de asfalto.