Los municipios de Balears aplicarán el plan de seguridad en las playas implantado en Formentera como experiencia piloto el año pasado. La presidenta de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (Felib), Margarita Nájera, anunció ayer que «la Conselleria d'Interior está trabajando para poder aplicar un proyecto de estas características al resto de Balears». La propuesta fue presentada por el alcalde de Formentera, Isidor Torres, en las II Jornadas de Municipios y Turismo y contó con el apoyo de la Conselleria d'Interior, que realizó una experiencia piloto para la seguridad de las playas el año pasado.
El derrumbe del edificio de Viajes Barceló y el siniestro del hotel Tivolí también fueron dos de las cuestiones de interés tratadas por los municipios. De este modo, se han mantenido reuniones con el Govern «para aunar esfuerzos y que nos ayuden para que no ocurran estas situaciones», explicó. La Felib celebró ayer la reunión de la comisión permanente en Eivissa con lo que se cumple el objetivo de que «no existan fronteras, problemas en el ámbito municipal ni que se tengan dificultades, desde el punto de vista geográfico, para colaborar con los alcaldes de Balears», señaló.
En la reunión de la Felib se aprobó un plan de formación continua de 41 millones, que se destinará tanto a funcionarios como a cargos electos. El plan hace hincapié en nuevas tecnologías y en gestión medioambiental. Además, la formación afectará a temas como la violencia doméstica. «Es importante la formación de los funcionarios municipales, que sepan atender y resolver estas situaciones», indicó la presidenta. Nájera, además, se refirió a la Ley de Extranjería aludiendo a las declaraciones de un alto cargo del PP recomendando no censar a los inmigrantes. «Ha habido un rebote claro de los municipios, porque nuestro compromiso es censar a todos los ciudadanos», precisó. Añadió que «hay una serie de obligaciones en las que los municipios tienen un compromiso, por lo que es necesario trabajar en la formación sobre estas cuestiones».
El plan recoge un problema con el que se encuentran los municipios en la repatriación de cadáveres de extranjeros fallecidos, ya que se encuentran con «procesos burocráticos de cierta dificultad por lo que se necesita formar». Otra de las propuestas que se abordó es una iniciativa para contar con un inventario de edificios a rehabilitar, derribar o conservar.