El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Mari, Carraca, lamentó ayer la resolución de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Balears por la que se desestima la solicitud del Consistorio de suspender la Norma Territorial Cautelar aprobada por el Consell Insular el pasado 27 de octubre. Marí considera que el tribunal se ha equivocado al interpretar que en este caso «los intereses generales priman sobre el del particular desfavorecido». Según el alcalde, ha sido el Consistorio, y no el Consell, «el que ha actuado en defensa de los intereses generales de la localidad».
El principal temor del alcalde es que la moratoria y el posterior Plan Territorial Insular pitiuso deje sin población autóctona al municipio. Marí explicó que son numerosos los casos de familias que han abandonado Sant Joan para vivir en Santa Eulària, Santa Gertrudis, Puig den Valls y Eivissa, ya que las restricciones urbanísticas impuestas les impide construir sus propios hogares. Su lugar está siendo ocupado por residentes extranjeros.
Respecto al razonamiento jurídico del auto del TSJ en el que se advierte de que los eventuales perjuicios económicos podrán ser reparables «con las correspondientes indemnizaciones», Marí augura que cuando el tribunal dicte sentencia se producirá un aluvión de indemnizaciones que provocarán la paralización del Consell. En los próximos días los asesores jurídicos del Consistorio decidirán si es conveniente presentar contra el auto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.