El Govern balear decidió ayer interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos de la reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Ejecutivo central. El nuevo texto «ataca derechos fundamentales de las personas e incumple la propia Constitución», según manifestó el conseller de Presidencia, el socialista Antoni Garcias.
El Govern tiene previsto presentar el recurso mañana jueves, último día de plazo. En él, según las mismas fuentes, se rechaza las limitaciones que impone la normativa a los derechos de reunión, sindicación, huelga, asociación y asistencia gratuita jurídica de los inmigrantes. Concretamente, el Ejecutivo balear argumenta que la Constitución reconoce a los inmigrantes los derechos y libertades públicas «en concordancia y de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos», mientras que la reforma de la Ley de Extranjería supedita los derechos de reunión, asociación y sindicación a que la persona haya obtenido permiso de residencia o estancia en España. Según Garcias, la normativa que pretende imponer el Gobierno central contraviene los artículos de la carta de los derechos humanos, que reconocen la facultad de todas las personas a optar por estas posibilidades.
El Consell Consultiu de Balears emitió la semana pasada un informe en el que se defendía la constitucionalidad de la ley, pero como el dictamen de este organo jurídico no es vinculante, el Gobierno balear ha decidido interponer el recurso. «El dictamen del Consell Consultiu no debilita la postura del Govern balear, ya que estamos convencidos de que el Partido Popular está actuando de manera incongruente al defender un texto que ya se ha demostrado imposible de aplicar», aseguró Garcias.