El Consell Insular d'Eivissa i Formentera incumplió en 1997 la obligación de enviar los datos sobre su contabilidad interna al Tribunal de Cuentas del Estado, que así lo ha reflejado en su informe sobre el sector público territorial del ejercicio 1997, presentado recientemente al Congreso.
Según explicaron fuentes del propio tribunal, al Consell Insular pitiuso y al resto de las instituciones que no envían la documentación requerida se les envía una notificación recordándoles que tienen la obligación de colaborar con este órgano fiscalizador del Estado. Sin embargo, la petición aún no ha sido contestada y el informe ha sido ya cerrado.
El actual equipo de gobierno del Pacte Progressista, que entró a gobernar en la institución en el verano de 1999, achaca el incumplimiento al anterior gobierno. De hecho, según explicó a Ultima Hora Ibiza y Formentera un portavoz de los progresistas, ni siquiera ha sido posible saber a qué se debe el retraso en el envío de la documentación porque la interventora de la institución en esa época ya no está en la casa. Las mismas fuentes aseguraron que se ha introducido un nuevo sistema informático en el sistema de cuentas que permitirá, a partir de ahora, trabajar con más rapidez. La información de 1997 requerida por el Tribunal de Cuentas se está preparando y se enviará lo antes posible.
El personal del tribunal asegura que si llegan los datos se hará constar en un próximo informe que se recibieron fuera de plazo, aunque eso no hace que esté totalmente descartada la posibilidad de una sanción.
El Congreso decidirá si conviene tomar
medidas
La labor del Tribunal de Cuentas del Estado se limita
exclusivamente a solicitar la información de las diferentes
instituciones públicas, revisar las cuentas y realizar un informe
donde se deja constancia de las anomalías y errores detectados, así
como de los incumplimientos por parte de las administraciones que
no envían sus datos. Dicho informe es entregado posteriormente al
Congreso, algo que ha ocurrido recientemente con el del año 1997, y
es la Cámara la que decide si conviene tomar alguna medida en forma
de llamada de atención o sanción a las instituciones que no han
cumplido con sus obligaciones.