Los concejales del Pacte Progressista de Sant Josep abandonaron ayer la sala de plenos al negarse a aceptar que una moción para instar al equipo de gobierno a abrir un expediente disciplina urbanística a la finca Can Burgos fuese interpretada como moción de control o ruego lo que impide que se tome un acuerdo. «Ha habido otras mociones que se presentaban hoy -explicó el concejal progresista Josep Marí Ribas- que iban en el mismo sentido. Sin embargo, ésta ha sido considerada como un ruego». Marí Ribas fue el único que no abandonó la sala para hacer un voto testimonial.
Los progresistas retiraron cinco mociones que retomarán en un pleno extraordinario que solicitarán en breve «con el fin de que todas sean debatidas, incluida la de Can Burgos que será redactada de forma que evite estas confusiones». Marí Ribas cree que con esta acción el PP «ha coartado la libertad de tomar un acuerdo, lo que nos parece muy grave». A pesar de este problema formal el pleno trató el tema de la polémica finca. El equipo de gobierno señaló que la construcción de garajes para autobuses en esta parcela no es ilegal porque la normativa permite realizar este tipo de construcciones en fincas privadas y que esta obra cuenta con las licencias pertinentes.
Sin embargo, el Pacte señaló que estas obras de grandes dimensiones y previstas para una actividad molesta no debería salir adelante. Por otra parte la moción de creación de un proyecto de voluntariado, presentada por el Pacte, fue rechazada por el PP que aseguró que hay previstas contrataciones para estos servicios.