El presidente de la Asociación de Salas de Fiestas en las Pitiüses, José Ribas, reconoció ayer que el sector se siente «un poco criminalizado» ante la avalancha de reproches sobre su actividad por parte de las diferentes administraciones. Ribas explicó que últimamente «parece que las discotecas tienen la culpa de todos los ruidos, los desórdenes, el consumo de drogas e incluso los accidentes de tráfico que se producen en Eivissa», por lo que calificó la situación de «psicosis general».
A pesar de estas afirmaciones, el presidente de la patronal de este sector manifestó que no deseaba entrar en polémica dado que en estos momentos el Consell Insular está elaborando un protocolo de actuación que tiene que servir para regular la actuación de los agentes de seguridad cada vez que realicen una inspección en una sala de fiestas de las Pitiüses. El objetivo es que sigan un procedimiento estándar que permita que prosperen las multas en caso de que se haya detectado alguna infracción.
José Ribas asegura que a las discotecas no les preocupa que las instituciones quieran controlar el cumplimiento de la normativa. «Nosotros entendemos que hay que estar dentro de la legalidad, pero eso no quiere decir que haya que ser inflexible porque si se obligar a cumplir todo estrictamente habría que parar el país», comentó. Lo que al sector le molesta, añadió, es que se le utilice como «cabeza de turco» para dar la sensación de que son la única parte que está causando problemas a la isla.
Hay un dato que hace reflexionar al presidente de la asociación. «En Menorca está previsto un descenso de británicos del diez por ciento. Sin embargo en Eivissa, a pesar de la mala imagen que dicen que tenemos en Gran Bretaña, no se está dando esa caída de turismo», señala como ejemplo de que las discotecas no deben ser tan malas si siguen atrayendo cada año a miles de visitantes.
Por contra, lo que sí creen que daña la imagen de la isla y por supuesto al sector son las fiestas ilegales que se organizan en playas, espacios naturales o locales sin licencia. «Es discriminatorio que se hable de sancionarnos por cuestiones administrativas y se permitan fiestas ilegales. Nos culpan a nosotros de que se hagan y eso que somos los que más las sufrimos. Y hay que destacar la poca efectividad de la Administración a la hora de controlar estas fiestas», denunció Ribas.