Rafael Perera, abogado de Miquel y María de la Pau Segura, los dos únicos imputados hasta el momento por el llamado 'Caso Mapau', manifestó ayer en Eivissa que este caso deberá ser archivado en el momento en que sea posible ante la falta de pruebas sobre los delitos que se imputan a sus clientes. Perera afirmó que, en su opinión, «no existen motivos ningunos para considerar la presunta comisión de los delitos que se tratan de averiguar». «Entiendo -afirmó a renglón seguido- que lo que debe proceder es el archivo de la causa en cuanto sea procesalmente correcto».
El letrado puntualizó que antes de que esto sea posible tiene que producirse el pronunciamiento del Fiscal General del Estado sobre cuál es la autoridad judicial competente en el caso, así como la toma de declaración de más de media docena de personas que han sido propuestas por la abogada de la acusación. Perera, de momento, no pedirá diligencia alguna adicional.
Todas estas consideraciones fueron realizadas en los juzgados de Eivissa tras escuchar a Santiago Ferrer y Joan Robert Masdeu que acudieron, en calidad de testigos, para contestar a las preguntas del juez, el fiscal y las partes. Ferrer, actualmente conseller y diputado autonómico por la Coalició d'Organitzacions Progressistes (COP) de Formentera, explicó que fue Pere Sampol (en estos momentos vicepresidente del Govern balear) quien puso a su partido en alerta porque había conocido, de una persona de su confianza, que el Partido Popular había organizado una trama para inscribir ciudadanos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Ferrer contó el proceso que había llevado a su partido a poner el caso en manos de los tribunales y como, en su opinión, era evidente que el censo no era normal por la gran cantidad de inscritos comparados con la convocatoria electoral anterior y los apellidos que contenía.
Por su parte, Masdeu -ex conseller de la coalición que incluía al PP- se limitó a aclarar que sólo tuvo acceso al CERA cuando éste se hizo oficial y no antes.