El 35 por ciento de las plazas construidas en Eivissa están desocupadas o se utilizan como segundas residencias, según un estudio realizado por el Govern de les Illes Balears y citado ayer por el conseller del grupo mixto y miembro de la formación Els Verds, Joan Buades. Según dicho informe, este tipo de plazas asciende a 83.345, es decir, más de las que se utilizan como vivienda principal que no superan las 74.000. Hay que tener en cuenta que otro 35 por ciento de las plazas construidas tiene un uso turístico.
Buades cree que estos datos demuestran que una protección más intensa del territorio no afectaría a la población pitiusa a la hora de encontrar vivienda y, por ello, su formación propone que se tomen medidas para incentivar que salgan al mercado todas las plazas que actualmente están deshabitadas. En su opinión, resulta muy alarmante que un estudio del Govern y la UIB del pasado mes de marzo apunte que en Eivissa podrían todavía construirse 129.200 plazas en suelo vacante, así como otras 1.700 en Formentera.
Por estos motivos, Els Verds presentará una moción en el pleno que el Consell celebrará el próximo martes con el objetivo de que se dé el visto bueno a una moratoria muy similar a la que hoy tiene previsto aprobar el Consell de Mallorca. Con tres plazas construidas por habitante en Eivissa y cuatro en Formentera, los ecologistas creen que no hay por qué temer un frenazo de la construcción.
Así, Buades y su compañero de formación Ramon Mayol defendieron ayer que el pleno apruebe una norma cautelar que afectaría al 80 ó 85 por ciento de las licencias, pero sin impedir que se construyan viviendas sociales. La propuesta de Buades incluye tres excepciones: la construcción de viviendas unifamiliares, las rehabilitaciones y las nuevas edificaciones turísticas siempre que se hayan retirado previamente al menos tantas plazas obsoletas como las que se pretendan construir nuevas.