El director del Centro Nacional de Referencia para la Encefalitis Espongiforme Bovina, Juan José Badiola, destacó ayer «el problema de la insularidad de Balears» ante el mal de las 'vacas locas' por la inexistencia de incineradoras. «Hay un problema serio, porque no hay plantas de tratamiento de materiales de riesgo y hay que llevarlos a la península», explicó. Destacó la «eficacia» de la Conselleria d'Agricultura que ha descrito varios casos y añadió que «Eivissa no tiene problemas porque la cabaña es mucho más reducida, si se compara con Mallorca o Menorca». El número de casos descritos de encefalopatía espongiforme se eleva a seis: cinco en Menorca y uno en Mallorca. «El coste de Balears ha sido más duro que otras comunidades», afirmó.
Badiola ofreció ayer la lección inaugural del curso sobre «Política alimentaria en la Unión Europea: cómo afecta al consumidor» en la segunda edición de los cursos de verano de la Universitat de Illes Balears en Eivissa. Badiola sostiene que ha cedido la «alarma social» por el mal de las 'vacas locas', pero hay que «aprender a convivir con ella, va a estar con nosotros siete años». Destacó la «enorme preocupación sobre la alimentación», frente a otros sectores. «Es curioso observar cómo la gente está dispuesta a asumir riesgos en otros órdenes de la vida, como fumar, pero no asume como natural tener un problema a través de la alimentación», dijo. Este hecho constituye un desafío para todos los sectores, «incluida la industria alimentaria que es una gran potencia», añadió.
El mal de las 'vacas locas' ha supuesto «un antes y después» -dijo-, por la transcendencia que ha tenido las enfermedad ya que era desconocida, data de 1996, y es transmisible a los humanos. Badiola señalo que esta enfermedad «es producida artificialmente, a través de una mala manipulación de los alimentos para animales» y aludió a la dimensión de la enfermedad en la Unión Europea que ha afectado a 12 países. El Centro Nacional de Referencia, el laboratorio en Zaragoza de Badiola, lleva analizadas 200.000 vacas, aunque su intención es llegar a las 300.000 antes del 31 de diciembre. Partidario de proteger a los consumidores pero sin dañar al sector, considera que es necesario «la colaboración de los ganaderos». Defiende, como medida de protección, la eliminación de los tejidos peligrosos y advierte de que «la gran posibilidad de contaminación está en el cerebro».1