El Consell Insular hará «un seguimiento de todas las licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento de Santa Eulària para comprobar que se adaptan a la legalidad», según acordaron ayer en pleno el grupo progresista, que gobierna la institución, y el único miembro del grupo mixto, el ecologista Joan Buades. Además, según queda reflejado en un punto que fue rotundamente rechazado por el grupo popular, «el Consell tendrá que impugnar por vía administrativa todas aquellas que, según el criterio de los servicios jurídicos, sean contrarias a la legislación urbanística de aplicación en cada caso, incluyendo especialmente el caso de la urbanización ses Torres».
Además, el pleno decidió dirigirse al Consistorio para instarlo a modificar su planeamiento urbanístico de acuerdo con las actuales normativas, pero se rechazó la propuesta de Buades de iniciar un procedimiento para dejarlo temporalmente en suspenso.
Los progresistas y el ecologista coincidieron en opinar que la situación urbanística de este municipio es especialmente compleja y necesita de soluciones urgentes. Por su parte, Antoni Marí Calbet, como portavoz de la oposición, mantuvo que el Consell no debería enfrentarse con un ayuntamiento en un momento en el que se redacta el Plan Territorial Insular y consideró suficiente el informe jurídico a expertos que ha solicitado el alcalde de Santa Eulària para saber cómo actuar.
El pleno también aprobó una moción defendida por Santiago Ferrer en la que se insta al Gobierno central a iniciar conversaciones con el Govern balear para incrementar las subvenciones que reciben los residentes de Balears cuando utilizan el avión. Como otras mociones del día, recibió un apoyo unánime.