La magistrado del juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Palma, María Àngeles Berrocal, ha anulado un expediente de infracción urbanística dictado por el Ayuntamiento de Sant Josep contra la empresa Trovet S. A. al considerar que inició ese trámite «únicamente para dar apariencia de legalidad a unas obras de edificación, reforma y cambio de uso que en modo alguno caben en los estrechos márgenes de las licencias de obra menor».
En la dura sentencia, que fue dada a conocer por el grupo progresista durante él último pleno extraordinario, celebrado el lunes, la juez considera que las obras, iniciadas para la reforma de los apartamentos Pimar, requerían una licencia de obra mayor, y ordena al Ayuntamiento que retrotraiga el expediente de infracción urbanística iniciado contra Trovet al momento en que dictó el acuerdo de incoacción. También impone las costas al Consistorio por haber apreciado «temeridad» en su actuación.
Este asunto tuvo su origen el 13 de octubre de 1998, cuando los vecinos pidieron que se paralizasen unas obras que se llevaban a cabo en el Pimar. El alcalde acordó la suspensión de los trabajos y la empresa Trovet solicitó una licencia de obra menor por importe de ocho millones de pesetas. Curiosamente, el técnico municipal emitió un informe en el que valoró esas reformas en 34'5 millones de pesetas, a pesar de lo cual las informó favorablemente «como obra menor en suelo urbano», aunque no se correspondían con la valoración de Trovet ni esa cantidad era la que se ajusta a una licencia menor.
Precisamente, la juez califica ese informe de «increíble», ya que «en modo alguno [esas obras] podían calificarse como obra menor». El 29 de marzo de 1999 la Comisión de Gobierno acordó dar licencia de obra menor a Trovet e impuso una multa a esa sociedad por valor de 821.082 pesetas por la realización de los trabajos sin licencia. Para la magistrada esta actuación demuestra que el Ayuntamiento «tramitó el expediente únicamente para dar apariencia de legalidad» a las obras.