El grupo municipal progresista de Sant Josep ha presentado una moción de control al equipo de gobierno en la que pide explicaciones acerca de las medidas llevadas a cabo para cumplir la sentencia que le obligaba a abrir un nuevo expediente de infracción urbanística y a anular la licencia de obra menor otorgada por la Comisión de Gobierno a las obras realizadas en los apartamentos Pimar, en Port des Torrent.
Concretamente, la moción pide explicaciones acerca de lo «que ha hecho el Ayuntamiento ante la sentencia, cuando piensa cumplirla, y, sobre todo, de que manera piensa poner medidas correctoras en el departamento urbanístico del Consistorio que se muestra indigno de la seriedad que merece el pueblo», según el texto de la misma. Una denuncia vecinal está en el origen de esta sentencia. La respuesta del Consistorio a la protesta de los vecinos fue la paralización de las obras, a lo que la empresa Trovet S. A. respondió solicitando una licencia de obra menor, con un presupuesto de 8 millones.
El Ayuntamiento se la concedió con informe favorable de los servicios técnicos que sin embargo fijaban el coste en 34'5 millones de pesetas. Con la licencia iba también un expediente sancionador resuelto con una multa de 821.082 pesetas por las obras realizadas sin licencia.
Según el escrito de la oposición en Sant Josep, la sentencia califica los citados informes favorables de «increíbles» y afirma: «En definitiva, lo edificado por la entidad codemandada está huérfano de amparo legal, al no disponer de licencia, ya que la concedida nada tiene que ver con lo que se ha llevado a cabo a la vista, ciencia y paciencia del Ayuntamiento demandado». Ahora el grupo municipal progresista afirma que las obras han sido declaradas ilegales con la intervención municipal y solicita del equipo de gobierno cuales han sido las medidas adoptadas.