La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Palma, María Àngeles Berrocal, se hará cargo del contencioso interpuesto por el Pacte de Sant Josep contra el Ayuntamiento para que éste explique por qué una simple licencia de obra menor bastó al alcalde, José Serra Escandell, para ampliar una nave industrial de su propiedad.
La juez es de sobras conocida por el equipo de Gobierno, ya que ha sido la autora de la reciente sentencia del caso Pimar, en la que Berrocal acusó al Consistorio de haber querido dar «apariencia de legalidad a unas obras de edificación, reforma y cambio de uso [de unos apartamentos] que en modo alguno caben en los estrechos márgenes de las licencias de obra menor».
Según se arguye desde el Consistorio, la licencia dada al alcalde sirvió para construir un simple cobertizo. El pasado lunes el Pacte pidió por escrito al Ayuntamiento la demolición de lo construido «al exceder de la concepción de licencia de obra menor y no ser la obra en modo alguno legalizable al incumplir la normativa urbanística».
Precisamente, en el caso Pimar la magistrado apreció «temeridad» en la actuación del Consistorio, por lo que le condenó a pagar las costas procesales, y calificó de «increíbles» los informes elaborados por los técnicos de la institución a la hora de informar favorablemente como obra menor en suelo urbano la ampliación llevada a cabo en los apartamentos.
El hecho de que el caso haya caído en manos de esa juez ha sido acogido con satisfacción por los progresistas, al entender que pocos magistrados se han expresado con tanta contundencia a la hora de juzgar al Ayuntamiento de Sant Josep y porque el caso, según aducen, es muy similar al de los apartamentos Pimar.