El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio para conocer la situación en la que se encuentra la Oficina de Extranjería de la Dirección Insular de la Administración General del Estado de Eivissa. La precariedad de medios materiales de la Oficina de Extranjería, según las denuncias llegadas a la institución, es uno de los motivos que ha determinado la investigación ya que «no se reciben los listados en los que figuran las resoluciones de los expedientes que afectan a los inmigrantes».
En las quejas recibidas se afirma que se «están produciendo sensibles retrasos en conocer un dato fundamental para estas personas como es la propia concesión de permisos de trabajo y residencia». En el escrito remitido ayer por el Defensor del Pueblo, se recoge que la situación ha adquirido tales dimensiones que «algunos interesados sólo han podido recibir información sobre su expediente trasladándose hasta la sede de la Delegación del Gobierno en Palma». Asimismo, se menciona que entre la Delegación del Gobierno y la Dirección Insular «no se permite informar de manera adecuada a los usuarios y atenderlos de manera directa en la realización de determinados trámites». Una situación que está provocando «un incremento de la carga de trabajo en la ya saturada oficina de extranjería de la Delegación del Gobierno, lo que redundará en una pérdida de eficiencia y en un deterioro del servicio».
La adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha pedido a la Delegación del Gobierno un informe donde se detalle el número de expedientes de regularización en curso, la fecha de entrada de los últimos que han sido resueltos y el tiempo medio de respuesta, las fórmulas de comunicación interna entre la Delegación y la Dirección Insular de Eivissa y los planes que han previsto para hacer frente a la saturación que «según se afirma, padece la oficina de extranjeros de la Delegación del Gobierno y para mejorar la información y el apoyo que pueda prestarse desde la Dirección Insular de Eivissa».
El CITE denunció en la reunión de la Plataforma por la Convivencia, celebrada el día 17 en Eivissa, el estancamiento del proceso de regularización de extranjeros no comunitarios que ocasiona que se resuelvan antes los expedientes de Mallorca que los de las Pitiüses.