El equipo de gobierno de Santa Eulària aprobó en la comisión de Gobierno celebrada a finales de febrero la concesión de 27 licencias urbanísticas, después de estar medio año negándose a dar permisos de obras a causa de la supuesta ilegalidad del Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU). El Ayuntamiento dio en esta comisión de Gobierno luz verde a la construcción de un complejo recreativo donde se instalarán unos multicines y boleras en cas Capità. Según el informe técnico, este proyecto cumple los parámetros urbanísticos de la manzana calificada como equipamiento cívico-social del Plan Parcial de cas Capità, salvo un edificio que se debe ajustar a los 12 metros de altura máxima que permite dicho plan.
El equipo de gobierno aprobó además la concesión de licencia urbanística a dos proyectos de instalación de red de baja tensión, cinco de construcción de viviendas unifamiliares, siete modificaciones de proyectos de viviendas, seis reformas y ampliaciones también de viviendas unifamiliares, tres edificios de viviendas y apartamentos, locales y garajes y una construción y una reforma de una nave industrial.
Estos permisos de obras se concedieron dos semanas antes de la celebración del pleno del Ayuntamiento, en el que la oposición reclamaba la dimisión del alcalde, Vicent Guasch, y del teniente de alcalde, Vicente Riera, como máximos responsables del caos urbanístico en que se encuentra sumido el municipio desde que en 1988 se aprobó el PDSU. Asimismo, actualmente ya hay varias sentencias judiciales que han puesto en tela de juicio la legalidad de la delimitación, hecha a medida del Ayuntamiento después de que la Comisión Provincial de Urbanismo recortara drásticamente los parámetros que aparecían previamente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El edil del Pacte Progressista, Carlos Salinas, dijo antes del pleno, que se celebró el lunes 11 de marzo, que había entre 500 y 800 peticiones de obras paralizadas en el Ayuntamiento a causa de la incertidumbre que hay sobre la legalidad del PDSU. Los progresistas también advirtieron de que mientras siga vigente el PDSU, los ciudadanos continuarán pidiendo licencias urbanísticas amparados en el controvertido plan. La concesión de estos permisos, según la oposición, puede dar pie a multimillonarias reclamaciones en cuanto el actual planeamiento sea sustituido por un nuevo PGOU.