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Los encerrados por el caso Barceló y el alcalde buscan una solución previa al desalojo forzoso

El Ayuntamiento prepara un informe para que los juzgados concedan la orden de desalojo

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El encierro de los propietarios de dos viviendas en el bloque que quedó inhabitable tras ser dañado en su estructura por el derrumbe del edificio vecino (de Viajes Barceló) en enero de 2001 podría tener un final menos traumático que un desalojo forzoso. Juan Manuel Miranda y Juan José Peciña, los dos encerrados, junto con el presidente de la asociación de vecinos, podrían acordar algún tipo de medida o solución en su encuentro de hoy con el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés. «Se trata de intentar negociar una salida», señalaron ayer fuentes municipales, que añadieron que hay que solucionar «cuanto antes» este tema porque los vecinos encerrados están en situación de riesgo ya que el edificio está seriamente dañado.

De todos modos, el proceso de desalojo sigue su curso. La Policía Local redactaba ayer un informe sobre el caso para presentar al juzgado, que es quien puede dar al Ayuntamiento el permiso, mediante una orden judicial, de entrar en las viviendas y desalojarlas. Sin este permiso, el Consistorio estaría incurriendo en un delito de allanamiento de morada en el caso de que entrase en el bloque.

Por otra parte, los abogados de los vecinos y propietarios de locales en el edificio dañado recibieron ayer las notificaciones del Ayuntamiento en las que se les recuerda que el edificio cuenta con un expediente de ruina. Juan Manuel Miranda explicó ayer que continúan el encierro a pesar de la notificación que les insta a abandonarlo. «No nos van a mover», manifestó, asegurando que sólo están abandonando el edificio para trabajar y que pasan todas las noches dentro, a pesar de que los daños en la estructura lo hacen inseguro.

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