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El TC anula la ley de Reserva Natural de ses Salines

El Govern de Jaume Matas recurrió la declaración al considerar que el Estado vulneraba las competencias de la comunidad autónoma al proteger la zona

Ses Salines es una Reserva Natural, una protección que no ha podido ser percibida en la práctica.

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El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la ley estatal 26/95 de 31 de julio que convirtió ses Salines de Eivissa y Formentera en Reserva Natural, al considerar que invade las competencias autonómicas. De esta manera se da la razón al Govern balear, que hace siete años presentó el recurso por considerar que la ley de Reserva Natural era una intromisión del Estado central en las competencias autonómicas en materia de medio ambiente. Paradojas de la vida, en aquel momento los socialistas gobernaban en Madrid, partido que junto a Izquierda Unida promovió esa ley. El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por un Govern a cuyo frente se encontraba el popular Gabriel Cañellas.

La consellera balear de Medi Ambient, Margalida Rosselló, que recibió ayer la noticia, se congratuló por la sentencia, especialmente porque en ella no se hace mención, como sí ocurrió en el caso del parque de Santoña (Santander), a la necesidad de que el Estado siga gestionando ese espacio hasta que la Comunitat Autònoma establezca una figura de protección. Precisamente para no incurrir en los errores de ese precedente, la Conselleria balear de Medi Ambient aceleró la tramitación de la ley de protección de ses Salines -aprobada por el Parlament el pasado 11 de diciembre- que convertía ese espacio en Parque Natural: «Nos hemos anticipado a una situación que veíamos que llegaría de un momento a otro», destacó ayer la consellera.

La consecuencia práctica inmediata es que la gestión de ses Salines ya no será estatal, como hasta ahora, sino autonómica. «Lo importante -dijo Rosselló- es aprobar ya el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) para que ese espacio sea gestionado por el Govern». El PORN será aprobado, según asegura Margalida Rosselló, durante el mes de mayo: «Después de haberse presentado las alegaciones y de contestarlas, estamos en los últimos trámites. Sólo queda crear el texto definitivo y llevarlo al Consell de Govern».

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