Balears y las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE anunciaron ayer que se plantean devolver las competencias que han asumido en materia de políticas activas de empleo si el Gobierno central no introduce «modificaciones suficientes» en el proyecto de Ley Básica de Empleo y el texto ve la luz con su redacción actual.
Ese anuncio fue hecho al término de la Conferencia Sectorial de Empleo que reunió a representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de todas las comunidades autónomas por el conseller de Treball i Formació, Eberhard Grosske. Todas las comunidades socialistas indicaron que se está «rompiendo el diálogo con las comunidades autónomas» y destacaron el rechazo, desde el Ministerio, a todas sus propuestas, como la creación de una comisión de trabajo y la negociación paralela con los agentes sociales sobre la Ley de Empleo.
«La reunión de hoy es una ratificación de que esta Conferencia Sectorial no es un punto de diálogo y negociación», dijo Grosske y añadió que «hemos podido comprobar que este Gobierno tiene el grifo cerrado a la negociación con las comunidades autónomas y tiene el grifo cerrado a la negociación con los agentes sociales. Es un Gobierno que funciona de manera autista», apostilló.
Los representantes de Balears y las comunidades autónomas que están gobernadas por el PSOE y el País Vasco denunciaron ayer que el Gobierno central pretende, con el decreto de la reforma de las prestaciones por desempleo y la Ley de Empleo, convertir a las Administraciones autonómicas en «meros ejecutores de políticas coercitivas» contra los parados y están estudiando recurrir a los tribunales esas normas.